C. Ruiz de Galarreta10/07/02 0:00
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Más de tres años después de que el Tribunal Supremo declarese nulas las licencias de cuatro chalés de Llucalcari (Deià) y ordenase su demolición, las viviendas siguen intactas y habitadas. No sólo eso, han transcurrido 12 años desde que el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) interpusiera el primer recurso contra estos proyectos.

En noviembre de 1998, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que consideraba nulas las licencias otorgadas por el Ajuntament de Deià para la construcción de cuatro chalets en el núcleo de Llucalcari. El fallo judicial también instaba al derribo de las cuatro viviendas.

Para frenar la ejecución de la sentencia, el Consistorio de Deià presentó un incidente judicial en el que planteaba que el fallo no era ejecutable ya que el Plan Especial de Protección redactado y aprobado por la Corporación legalizaba los chalets. El Tribunal Superior de Justicia desestimó la petición del Ajuntament de paralizar la demolición, pero admitía un recurso de súplica en el plazo de cinco días. Con el objetivo de agotar todas las vías legales, el Consistorio presentó el recurso. Y aún no se ha resulto, por lo que no se puede proceder al derribo de los chalets.

No obstante, el GOB considera que, finalmente, los chalets deberá demolerse. «No es que lo creamos, es que tiene que acabar en derribo. La demolición será un hecho», indica Miquel Angel March, quien mantiene que el proceso jucial se alarga porque «la justicia aquí es muy garantista».