El ex alcalde de Alaró Francisco Rosselló Campaner se enfrenta a
penas que suman cuatro años de cárcel, siete de inhabilitación y a
una multa de 200 millones de pesetas al considerar el Ministerio
Fiscal que es culpable de los delitos de prevaricación, falsedad en
documento público y contra la Hacienda pública. El juicio en su
contra por las supuestas irregularidades cometidas en 1993 al
adquirir la finca Son Tugores, se inicia hoy en la Audiencia de
Palma.
El Fiscal también ha imputado en el caso a Jaume Nadal Bestard
por asesorar a Rosselló cuando en calidad de primer edil compró la
finca «omitiendo todas formalidades y garantías legales previstas
para la adquisición municipal de bienes e inmuebles». Son Tugores
fue adquirida por el Ajuntament a efecto de destinarla a la
explotación de turismo rural.
El Ministerio Fiscal considera que el ex alcalde, «actuando al
margen del resto de concejales» acordó con la dueña de Son Tugores
el 9 de agosto de 1993 comprarla por 55 millones de pesetas. Pagó
cinco y pactó abonar el resto antes de octubre.
Posteriormente, argumenta el Fiscal, hizo un concurso público
para comprar una finca para dedicarla a agroturismo. La adquisición
de Son Tugores se resolvió en el pleno del 29 de octubre y el 30 se
hizo efectiva la compra. A su vez, el alcalde había obtenido en
1991 una subvención de fondos FEDER para rehabilitar una finca que
no tenía y emitió facturas de que las reformas estaban hechas.
Hacienda reclamó cuatro años después esta subvención de 63
millones de pesetas, que fue devuelta en 1999. Para pagarla se hizo
un crédito que reporta unos intereses de 16 millones de pesetas.
Hacienda reclama también al Ajuntament unos 32 millones en concepto
de intereses.
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