Varios propietarios de fincas expropiadas para la construcción del
nuevo acceso viario a Alaró desde la carretera Palma-Port d'Alcúdia
han expresado su indignación y profundo malestar por el hecho de
que aún no han podido cobrar el justiprecio. Los trámites para
expropiar sus terrenos comenzaron en otoño de 1996. Tras dos años
de obras, el nuevo acceso abrió al tránsito en verano de 2000.
Nueve propietarios de terrenos afectados pertenecientes al
término municipal de Consell remitieron el pasado mes de marzo
diversos escritos de queja al presidente del Govern, Francesc
Antich; a la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia
Munar; al alcalde de Consell, Joan Bibiloni; y a los consellers
d'Obres Públiques del Govern y del Consell, Francesc Quetglas y
Antoni Pascual, haciendo saber el descontento de este colectivo
ante la «flagrante infracción de los plazos señalados para la
tramitación del expediente».
En 1997 se pagaron los depósitos previos pero el expediente de
justiprecio de los bienes y derechos expropiados no fue abierto. En
noviembre de 2000, desde la Conselleria d'Obres Públiques se
comunicó que el parcelario definitivo aún se estaba confeccionando
y que una vez finalizado éste «se les citará» para poder reclamar
los «conceptos indemnizables no recogidos en las actas previas».
Los propietarios anuncian que acudirán al Defensor del Pueblo «y a
cualquier otra instancia» que preste atención sus reivindicaciones
porque hasta ahora no han recibido ninguna contestación de las
Administraciones Públicas.
El sentimiento de estos ex propietarios de miles de metros
cuadrados de terrenos agrícolas, algunos de regadío, es de total
impotencia: «Lo que empezó como una expropiación se ha convertido
en una triste y vergonzosa expoliación».
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