Treinta y cinco científicos e investigadores de las Islas han dado
soporte a un manifiesto promovido por el Grup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa (GOB), en el que se alerta de los
riesgos ambientales de la regeneración artificial de las playas,
que «puede suponer la destrucción de las praderas de Posidonia, las
reducción de las pesqueres y la alteración de la granulometría de
las playas».
El manifiesto pone de relieve que las aportaciones de arena de
los fondos marinos no resuelven el problema de la estabilidad de
las playas y comporta gravísimos riesgos. «Cualquier actuación es
inútil sin suprimir todos aquellos impactos de origen antrópico que
precisamente están provocando la pérdida de la estabilidad de la
playa y su retroceso».
Joan Rita, presidente del GOB, e Isabel Moreno, directora del
departamento de Biología de la UIB, presentaron ayer el manifiesto
con el que pretenden aclarar «lo que piensa el mundo de la ciencia»
sobre las actuaciones que ejecuta actualmente el Ministerio de
Medio Ambiente. Los científicos e investigadores firmantes
pertenecen al Centre Oceanogràfic de les Balears, al Institut
Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea), Centre d'Estudis Avançats
de Blanes, de los departamentos de Biologia y Ciències de la Terra
de la UIB y de la Direcció General de Pesca del Govern.
En concreto, del Imedea, entidad que depende del Ministerio de
Medio Ambiente, se han adherido seis investigadores, entre los que
se encuentra también Beatriz Morales, directora del departamento de
Recursos Naturales. La Demarcación de Costas de Balears se ha
servido de estudios del Imedea para ejecutar los proyectos de
extracción de arena. El GOB criticó ayer la utilización «perversa»
que se está realizando de este organismo e instaron a Costas a
hacer públicos los estudios que realiza este instituto. Isabel
Moreno, que también forma parte del Imedea, aseguró que «se ha
creado una confusión mediática importante. Los informes se están
utilizando de forma caótica».
Los científicos e investigadores exigen un plan de gestión
integral de las playas, en el que se impliquen todas las
administraciones. Además, consideran que todos proyectos tienen que
ser públicos para ser analizados por los sectores sociales
afectados. «Tratar las playas de forma individual no es válido, es
necesario una ordenación global. Tratarlas con prisas desde un
punto de vista de político es peligroso», expuso la bióloga Isabel
Moreno.
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