La consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, propondrá el
viernes al Consell de Govern la interposición de un recurso
contencioso administrativo contra la actuación que Demarcación de
Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, realiza sobre
la playa de Can Picafort. Rosselló entiende que esta es una
actividad ilegal, ya que incumple la directiva europea que
establece que para realizar cualquier actuación sobre un una zona
calificada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y la playa de Can
Picafort lo es, se ha de contar con un informe de la Administración
responsable, en este caso la Conselleria.
«Me parece que el hecho de vulnerar una directiva europea es
especialmente grave viniendo del Ministerio de Medio Ambiente y
presidiendo, además, España la Unión Europea», dijo Rosselló. La
consellera explicó ayer en Can Picafort que si se abre la
posibilidad de extraer 15 millones de metros cúbicos de arena que
contienen los yacimientos de Banyalbufar, Eivissa y Cap Salines,
puede haber un «desastre ecológico total».
La Demarcación de Costas inició este pasado lunes la extracción
de arena en Banyalbufar para depositar las primeras toneladas en la
mañana del martes en Can Picafort. Desde entonces, el barco realiza
dos trayectos diarios trasladando en cada viaje 5.000 m3. La
regeneración de Can Picafort concluirá la próxima semana. El
Gobierno central aprobó en 1996 que podían ser extraídos del
yacimiento de Banyalbufar 10'5 millones de metros cúbicos de arena.
Al año siguiente se pretendió sacar 1'7 millones para regenerar
playas en Penyíscola, pero el proyecto fue desestimado. Ahora se
prevén dragar 150.000 m3.
La Conselleria de Medi Ambient quiere lanzar un «grito de
alerta» porque «aquí no se está intentando devolver a la playa el
aspecto que presentaba antes del temporal sino que se está dando
salida a un proyecto de regeneración que tiene su origen en 1997 y
que fue rechazado en el Parlament a petición de Jaume Matas».
Rosselló reprochó al alcalde pedáneo de Can Picafort, Félix
Estelrich, esta situación. Estelrich explicó: «Puede que no sea la
mejor solución, pero es la única que nos han dado».
Al margen del contencioso que presentará el Govern, el partido
político Els Verds presentó ayer una denuncia ante un juzgado de
Palma al entender que la extracción y regeneración pueden
constituir pueden constituir sendos delitos ecológico y de
prevaricación, además de un supuesto desvío de poder y malversación
de fondos. El GOB remitió ayer una denuncia a la Dirección General
de Medio Ambiente de la Comisión Europea por el mismo motivo.
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