La situación económica de Majórica ha ido empeorando hasta el
extremo de que ayer, a las 13.45 horas, los directivos de la
compañía perlera decidieron solicitar de los Juzgados de Primera
Instancia de Manacor los beneficios del expediente de suspensión de
pagos. Esta decisión fue expuesta ayer a los trabajadores de la
empresa por parte del director de Recursos Humanos, Antonio
Barrionuevo, quien, de forma fría y distante, explicó que la
suspensión de pagos se debía a que la entidad bancaria con la que
mantiene un préstamo de 30 millones de euros (5.000 millones de
pesetas) se ha negado a avalar el crédito blando que el Govern
debía prestar a Majórica para reflotar la empresa.
Los trabajadores le preguntaron a Barrionuevo si esta actitud se
debía a una nueva estrategia o medida de presión para obtener las
subvenciones del Govern. El director de Recursos Humanos contestó
con evasivas, aunque también explicó que ésta no es una situación
definitiva, puesto que si de hoy a mañana el banco avalara el
préstamo Majórica retiraría la suspensión de pagos. Los
trabajadores tienen intención de contactar con sus asesores y
abogados para poder actuar en consecuencia. De momento, seguirán
trabajando y llevando una actividad normal.
Por otra parte, ayer fue ingresado el 50 por ciento de la nómina
del mes de febrero, aunque Barrionuevo no aseguró a los empleados
cuándo recibirán el 50% restante, aunque intentó tranquilizarles
diciendo que en pocos días obtendrían una respuesta al respecto.
Desde Majórica han expresado que la medida de suspensión de pagos
«se plantea como consecuencia de la situación de precariedad de
medios financieros y tesorería que sufre la compañía desde
noviembre del 2001, impidiéndole hacer frente con regularidad a sus
obligaciones de pago y peligrando el pago corriente de las
obligaciones más esenciales que aseguren su funcionamiento
regular».
La empresa recuerda que «el año pasado elaboró un Plan
Estratégico de negocio e inició una serie de medidas empresariales
enfocadas a la mejora competitiva de Majórica, que contaron con el
respaldo económico de los accionistas, materializado en una
aportación, en el mes de junio pasado, de 300 millones de pesetas
de nuevos recursos». A pesar de todo, el plan no ha funcionado
debido a las consecuencias del 11-S y peligra «la continuidad de la
sociedad y con ello el interés de sus acreedores y trabajadores,
por lo que se ha tomado la decisión preventiva de acudir a la
suspensión de pagos, en espera de poder desistir del mismo a partir
de que se materialicen los acuerdos alcanzados y se regularice la
situación de tesorería», apunta Majórica.
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