El portavoz de UM en el Ajuntament de Santa Margalida denunció ayer
en el pleno que trataba la adjudicación de la recogida de residuos
urbanos que «mi grupo tiene noticias contrastadas de que, hace más
de un mes, una persona de esta mesa pidió, a través de un
intermediario, una cantidad de dinero a una de las empresas que se
había presentado al concurso». Después de unas primeras
insinuaciones y una petición de un receso por parte de Monjo, el
alcalde Antoni del Olmo le pidió expresamente que explicara al
pleno sus acusaciones.
Posteriormente, el otro miembro de UM, Jaume Ribot, aseguró que
la citada empresa había realizado finalmente un pago de 10 millones
de pesetas a un intermediario, aunque esta empresa no era la que el
equipo de gobierno (PP-CPU) proponía ayer para darle la
adjudicación. Frente a estas acusaciones, Del Olmo pidió a UM que
si tenía las pruebas suficientes acudiese a la Justicia y remarcó
que «en cualquier caso no damos la adjudicación a la empresa que
habría intentado supuestamente el soborno».
El pleno aprobó finalmente, con los votos en contra del PSOE y
UM, y a favor del PP y CPU, la adjudicación de la recogida de
residuos a Unión de Empresas Temporal (UTE), que según los informes
técnicos era la que presentaba una mayor puntuación respecto al
pliego de condiciones, con una dotación económica por parte del
Ajuntament de 379.517'28 euros (63.146.362 pesetas), inferior a las
solicitadas por las otras dos empresas.
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