«La investigación desvelará quien está detrás de Albert Calderó
Cabré». Así de claro expresó sus expectativas el catedrático de
derecho penal Luis Rodríguez Ramos, que representa al PP de Calvià
en la querella criminal presentada contra Nájera por la
contratación irregular de la sociedad de consultoría Estrategia
Local, de la que es representante Calderó. El PP asegura que entre
1987 y 2000 se ha realizado un fraude a las arcas municipales por
valor de 238'8 millones de pesetas en concepto de contratación de
estudios e informes «tan innecesarios» como «inexistentes o sin
contenido real». Los populares sospechan que tras esta relación
yace una supuesta financiación irregular del PSOE calvianer.
El portavoz y presidente de la junta local del PP de Calvià,
Carlos Delgado, presentó una querella que acusa de los delitos de
falsedad documental, prevaricación y malversación o defraudación de
fondos públicos a la alcaldesa, Margarita Nájera; dos tenientes de
alcalde de la Corporación, los también socialistas Manel Suárez y
Antoni Manchado. En la acusación también figura Javier Bustamante,
alto cargo del Ajuntament, Albert Calderó y Estrategia Local.
En el texto de la querella, el PP enumera 16 contrataciones
irregulares. La teoría defendida por los populares es que el equipo
de gobierno contrata la realización de unos trabajos que luego, en
algunos casos, no existen físicamente, con el agravante de que hay
irregularidades en su contratación previa. Así, recuerda que en
octubre de 1987 se abrió un expediente de contratación que concluyó
«contraviniendo el pliego de condiciones». A finales de 1987, fue
adjudicada por dos millones de pesetas al único licitador (Calderó)
la realización de un plan de mejora del área de Vías y Obras,
siendo alcalde Francesc Obrador y concejala de Acción Territorial
Nájera. Entonces, Calderó Cabré se había dirigido al Ajuntament
tras haber recibido «la solicitud de una propuesta de colaboración
por nuestra parte».
En otros casos, los expedientes carecen de «documentación alguna
acreditativa de los supuestos trabajos, facturas o pagos
realizados». Un caso concreto que los populares consideran
paradigmático es el correspondiente a la contratación de una
«encuesta sobre el grado de conocimiento de los ciudadanos de los
servicios y actividades municipales y valoración de los mismos». En
julio de 1990 se presentaron cuatro ofertas a este concurso. Tres,
entre ellas la de Estrategia Local, «debieron ser directamente
rechazadas» por incumplir las bases. Sin embargo, la encuesta fue
finalmente adjudicada a Estrategia Local por ser merecedora de «una
mayor fiabilidad» pese a que presentó la oferta «más cara en cuanto
a precio y más pobre en cuanto a contenido» y «no aportar los
documentos requeridos».
Siendo Nájera alcaldesa, en junio de 1992 se adjudica una
«asistencia técnica al gobierno municipal en materia de
planificación estratégica y sistemas de gobierno y dirección» a
Estrategia Local cuando otra sociedad se ofrecía a realizar este
estudio por tres millones de pesetas menos. En este expediente, el
informe técnico de Javier Bustamante, director general de
Presidencia, argumenta que «el precio del contrato ofertado es
igual en ambos concursantes», explica el texto de la querella.
En definitiva, el PP pone en manos de los jueces la
investigación de la sistemática contratación de una empresa
determinada para realizar estudios que en ocasiones no han sido
vistos físicamente por la oposición. Nájera afirmó anteayer que
«todos los contratos han sido ratificados por los funcionarios» y
acusó al PP de «necesitar un montaje por su inoperancia en Calvià».
Otras explicaciones apuntan al hecho de que el PP persigue con esta
querella desviar la atención mediática de los casos Bitel y
Formentera.
El «documento Maquiavelo» emergió en 1998 como la punta
de un iceberg
Casualidad o espionaje, el entonces concejal Anselmo Martín
descubrió en 1998 en su ordenador un documento interno del equipo
de gobierno, bautizado Maquiavelo en honor al autor de «El
Príncipe», que recomendaba aplicar políticas diferenciadas en el
municipio para obtener el mejor rendimiento electoral, siempre a
partir del control del censo. Según aquel informe, Calvià se debía
dividir en áreas MC (mallorquines conservadores) e IP (inmigrantes
progresistas). El documento salido de las calderas de Estrategia
Local y sugería «construir dos discursos diferentes» y «no decir
toda la verdad».
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.