El Partit Popular denuncia que el Ajuntament gobernado por el PSM
no hace cumplir la normativa urbanística y permite que se vulnere
la legalidad. Así lo explicó en el último pleno municipal el
portavoz popular, Antoni Cañellas, que echó en cara a los
nacionalistas que en el suelo rústico se realizan muchas obras sin
permiso. Las acusaciones de los populares fueron realizadas
precisamente en el pleno que sirvió a Rosa Vich para estrenarse
como alcaldesa en sustitución de Mateu Morro.
La polémica se desató a raíz de la aprobación de un cambio de
normativa urbanística que tiene por objeto evitar la construcción
de grandes viviendas en suelo rústico. La nueva normativa fija un
mínimo de tres cuarteradas para construir una casa en las afueras.
Además, marca un máximo edificado de un 1% de la extensión de la
finca, con un volumen máximo de 450 m3. En construcciones ya
existentes se podrá ampliar un 25% siempre que el volumen no exceda
de un máximo de 450 m3.
El PP calificó de incoherentes estos términos, ya que «solo
permite hacer una casa de dos metros de altura o menos, de forma
que sería inhabitable». Esta denuncia fue realiza al detectar que
se realizan obras ilegales en suelo rústico. Cañellas explicó que
hace más de un año se decretó una moratoria en las afueras y que el
equipo de gobierno le entregó una lista de las licencias otorgadas
pero afirma que se han hecho obras que no constan en este
listado.
El concejal de Urbanismo, Joan Serra, negó de forma rotunda este
extremo y retó a los populares a que denuncien los casos en los que
se permiten ilegalidades. Unos minutos antes del pleno se celebró
en el Ajuntament una reunión con los vecinos interesados en formar
parte de la recién creada comunidad de regantes. Ya se han
interesado por participar en esta iniciativa de reutilización de
aguas los propietarios de 140 cuarteradas.
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