El fallo de los magistrados ha absuelto al ex alcalde y ex diputado
autonómico por el PP Joan Antoni Ramonell; al entonces secretario
del Ajuntament, Joaquín Cebollada, y a la funcionaria Catalina
Vaquer Sampol, pese a considerar probado que se produjo una
falsedad y un fraude. Sin embargo, «ninguno de los tipos realizados
resulta aplicable» según la legislación actual y el tribunal «se ve
obligado a inaplicar el delito de falsificación». La sentencia da
un simbólico tirón de orejas al ex batle y al ex secretario porque
«el ordenamiento jurídico ofrecía diversas posibilidades, todas
ellas adecuadas a la ley». «En cualquier caso, lo que jamás debió
hacerse es lo que precisamente se hizo», concluyen los magistrados,
quienes agregan que la actuación de Ramonell y Cebollada fue
«tosca».
El fallo reconoce que la funcionaria, defendida por Sebastià
Cerdà, «ni fue autora de la falsedad documental cometida, ni
participó de modo alguno en su confección». La Audiencia de Palma
ha considerado probado que Catalina Vaquer trabajó de
administrativa en el Ajuntament de Montuïri entre agosto de 1989 y
marzo de 1992 mediante contratos temporales. Al finalizar el último
contrato, Ramonell y Cebollada, que han sido defendidos
respectivamente por los abogados José María Valadés y Carles
Tarancón, acordaron «en connivencia» con la trabajadora que ésta
siguiera prestando sus servicios como auxiliar administrativa en el
Ajuntament al tiempo que se la inscribía en el Inem. Mientras
cobraba del Inem el subsidio, percibía «pagos complementarios» a
nombre de una tercera persona inexistente «en concepto de horas
extraordinarias y trabajos especiales». Por esta vía, entre abril
de 1992 y agosto de 1993, Catalina Vaquer, que desde 1995 es
funcionaria, percibió unas 620.000 pesetas de las arcas
municipales.
Durante la vista oral, el fiscal solicitó para Ramonell tres
años de cárcel como responsable de un delito de falsedad de
documento y estafa, y penas de dos años para Cebollada y Vaquer,
acusados de los mismos delitos. La denuncia fue presentada en su
día por la oposición de Montuïri (PSOE y PSM), que luego se retiró
del caso.
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