La construcción de un polígono industrial en Binissalem está
causando enfrentamientos entre los diferentes grupos municipales
(PSOE, PSM, PP). Mientras los socialistas están dispuestos a seguir
adelante con la segunda fase del polígono industrial, sus socios de
gobierno "PSM" creen que el suelo industrial previsto en esta
segunda fase no es necesario por lo que debería clasificarse como
rústico. Además, los nacionalistas coinciden con la oposición (PP)
en que la promoción privada del polígono no es la más conveniente
para las empresas del pueblo, ya que el capital del que disponen no
es lo suficientemente amplio como para comprar parcelas.
El popular Joan Carles Torrens denuncia las pocas posibilidades
que tienen los binissalemers para acceder al polígono, ya que «se
llega a hablar de más de 30.000 pesetas a pagar por metro
cuadrado». Así coincide con la opinión de Joan Torrens, del PSM,
que cree que «el precio es prohibitivo», con lo que «se abortan las
expectativas de las empresas locales que quieran trasladarse fuera
del pueblo».
Por otra parte, el regidor de Urbanismo, Josep Maria Pons
(PSOE), mantiene que «si todo va según lo previsto», la segunda
fase del polígono podría empezar a desarrollarse en tres meses. En
respuesta a la posible especulación de los terrenos, los
socialistas tienen previsto estudiar una serie de medidas para que
los vecinos paguen alrededor de unas 10.000 pesetas menos por metro
cuadrado que el resto de empresas, tanto si ya están consolidadas
en el pueblo como si se trata de empresas de nueva creación.
El PP denuncia que algunos particulares aprovecharán para
comprar solares sin intención de construir para poder especular con
el terreno. Nacionalistas y populares creen además que debería
haber sido el Ajuntament el encargado de desarrollar el polígono en
lugar de dejarlo en manos de una promotora privada que es la que
causa, según Joan Carles Torrens, del encarecimiento del suelo. La
zona donde se esta llevando a cabo la primera fase no ha estado
exenta de polémica, ya que se instaló una chatarrería de manera
ilegal y se realizaron vertidos de escombros, que fueron
denunciados por el PP en su momento.
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