Según la Comissió d'Urbanisme del Consell, casi la mitad de la casa es ilegal.

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C.RUIZ/M.FUSTER La Comissió Insular d'Urbanisme del Consell de Mallorca acordó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos no legalizar la vivienda que el ex tenista Boris Becker ha construido en Artà. Con esta resolución, la sociedad mercantil Status Artà SL, propiedad de Becker, no queda exonerada de cumplir con la normativa urbanística que establece que los parámetros de edificabilidad no deben superar los 500 metros cuadrados en suelo rústico. A petición del Ajuntament d'Artà, la comisión estudió la propuesta de reagrupación de cuatro parcelas (125.000 metros cuadrados) para poder mantener los 987'67 metros cuadrados de superficie residencial construida, que superan en 487 metros cuadrados lo permitido por la Ley de Suelo Rústico.

Rafael de Lacy, presidente de la Comissió d'Urbanisme, explicó que «la comisión no ha entrado a valorar el proyecto que seguro es correcto, pero ha estimado que no se pueden hacer excepciones sin mantener un criterio. Si lo aceptamos podemos encontrarnos con mil expedientes con estas condiciones»». A su juicio, «el desarrollo de la Ley de Suelo Rústico hay que abordarlo de forma global y podría ser a través del Plan Territorial de Mallorca». El presidente de la Comissió d'Urbanisme reconoció que «siempre se corre peligro de que Becker se vaya de la Isla, pero no hablamos de personas sino de ordenación del territorio». La negativa de Urbanisme a legalizar la casa de Boris Becker obligará al Ajuntament a seguir tramitando el expediente de disciplina urbanística que concluirá con la orden de derribo y la imposición de una «sanción importante».

Mateu Carrió, arquitecto municipal de Artà, fue el encargado de defender la propuesta de legalización del Ajuntament. Carrió insistió en que «la Comissió d'Urbanisme podía haber autorizado el proyecto si hubiese querido porque la ley lo permite». El arquitecto auguró un «largo camino de recursos», puesto que Becker puede recurrir la decisión del Consell en los tribunales. En todo caso, el Ajuntament deberá ordenar la demolición de lo construido de más.

Por su parte, el alcalde de Artà, Montserrat Santandreu, reiteró que deberá reactivar el expediente disciplinario «con todas las consecuencias que ello conlleve. Podría pasar por la demolición pero prefiero no hablar de ello». Santandreu consideró que la legalización de la casa del ex tenista «se ha politizado. El Ajuntament siempre ha actuado en función de la Ley de Suelo Rústico».