Boris Becker se ha construido una casa de 970 metros cuadrados.

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JUAN MESTRE/CARMEN RUIZ La Comissió Insular d'Urbanisme propondrá el viernes que la casa de Boris Becker en Artà no sea legalizada, lo que obligará al ex tenista a derribar una parte de su propiedad. El presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme, Rafael de Lacy, propondrá a los miembros de la comisión un voto contrario a la petición planteada por el Ajuntament d'Artà para poder legalizar la casa de Becker.

La comisión se reúne el viernes, y en Unió Mallorquina, partido al que pertenece Rafael de Lacy, ya han acordado votar en contra de la propuesta de Artà. UM acordó su postura en una reunión celebrada hace unos días. El PP también se manifestará en el mismo sentido, y cabe esperar que, al menos Esquerra Unida"Els Verds tampoco acepte la legalización de la polémica casa del tenista.

La propuesta del Ajuntament para legalizar la casa de Becker contempla acogerse al artículo 4º de la Ley de Suelo Rústico que prevé un margen de discrecionalidad y que admite la reagrupación de pequeñas fincas para hacer una sola edificación de más de 500 metros cuadrados. La Comissió Insular d'Urbanisme argumentará que se crearía un mal precedente si se legaliza la vivienda de Boris Becker. El ex tenista ha construido varias edificaciones en una superficie de 970 metros cuadrados cuando no tendría que haber excedido los 500. Para intentar compensar esta ilegalidad, Boris Becker amplió su propiedad.

El alcalde de Artà, Montserrat Santandreu, tenía ayer constancia de que es muy probable que la Comissió Insular d'Urbanismo no apruebe la vía de legalización de planteada por el Ajuntament. «Si finalmente no se aprueba, la casa de Becker estará en una situación de ilegalidad por lo que, en consencuencia, el Consistorio continuará tramitando el expediente de infracción urbanística que concluirá probablemente con la demolición de lo construido de más». Becker tendría que derribar casi la mitad de lo edificado, es decir, los 470 metros cuadrados que excede del metraje permitido. Santandreu quiso dejar claro que «el Ajuntament d'Artà no quiere dar un trato de favor a Becker, sino que propone algo que contempla la ley. No actúa al margen de la legalidad». Maria Antònia Munar, presidenta del Consell, ya advirtió recientemente al propio Becker que podría verse obligado a derribar parte de su casa.