La normativa del Ajuntament de Calvià que pretende uniformar la
estéticas de las terrazas privadas de uso público en las zonas
turísticas de Calvià no es del agrado de todos los comerciantes y
propietarios de bares. La mayoría de los afectados consultados por
este diario en los núcleos de Santa Ponça y Peguera no están de
acuerdo con la inversión que tendrán que llevar a cabo para cambiar
el mobiliario.
Consideran que ya tienen suficientes gastos como para verse
obligados a cambiar las sillas y mesas de las terrazas de sus
comercios. También hay muchos negocios de la oferta complementaria
que en los últimos años han llevado a cabo una remodelación
integral, por lo que no ven justo que ahora tengan que volver a
realizar cambios. Los afectados, además, sugieren al Consistorio de
Calvià que les dé ayudas para poder afrontar esta inversión.
El plazo de un año dado por el Ajuntament de Calvià para que se
adapten a la normativa también es motivo de polémica. La mayoría de
los afectados consultados consideran que un año es poco, y hay
algunos que se niegan a cambiar su mobiliario.
El tema de las multas también ha causado malestar en el sector.
La ordenanza municipal contempla la apertura de expedientes por
faltas leves, graves o muy graves que implicarán sanciones
económicas que oscilarán entre las 20.000 pesetas y los cinco
millones la multa más graves. Estas cantidades han sido calificadas
de «barbaridad». La normativa municipal para las terrazas públicas
prohíben de forma expresa el uso de las sillas y mesas de
plásticos. Tampoco estarán permitidas las pizarras tan habituales
en muchos locales de las zonas turísticas.
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