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TOMEU GARCIES El equipo de gobierno (UM-PP) aprobó de forma ilegal la nueva normativa urbanística. Esto implica que, por segunda vez, quede paralizada la recalificación de los 16.000 metros en la zona rústica de la Torre de Can Font. El pleno del pasado jueves aprobó los cambios en la planificación gracias a los cinco regidores presentes del equipo de gobierno y los cuatro contrarios de la oposición. La ausencia de la edil popular Apolonia Llull motivó que no existiera la mayoría absoluta necesaria para tramitar instrumentos de carácter urbanístico. De hecho, así lo establece con claridad la ley de base de régimen local en su artículo 47.

Durante el pleno, los Independents, conscientes del fallo ni tan sólo entraron a criticar las normas y se limitaron a votar en contra. La mayoría municipal, extrañada de la actitud de la oposición, votó a favor confiados en que la votación era legal, ya que así se lo confirmó el secretario municipal. Después de la sesión el regidor popular Josep Oliver volvió a pedir al secretario si la votación era correcta. El funcionario, después de consultar la legislación se retractó y reconoció que el acuerdo no era legal, ya que no había un mínimo de seis votos favorables. Esto provocó una reacción de total indignación por parte del regidor que no escondió su disgusto.

Por otra parte, los Sineuers Independents, conscientes de la irregularidad, anunciaron después del pleno que impugnarían la nueva normativa. Ante el temor de que se realizase esta actuación, el equipo de gobierno explicó que la próxima semana se convocará un pleno para revocar el acuerdo y adoptar uno nuevo contando con los votos legales necesarios. En esta sesión también se llevará a aprobación el convenio urbanístico que regulará la construcción y posterior venta de las 30 viviendas de la Torre de Can Font.