Entre setecientas y ochocientas personas acudieron ayer al
Ajuntament de Pollença para escuchar las explicaciones que el
conseller de Turisme, Celestí Alomar, ofrecía acerca del archivo de
gran parte de los ochocientos expedientes presentados en la
Conselleria para legalizar sus viviendas vacacionales.
La gran asistencia de público obligó a trasladar la convocatoria
desde la sala de plenos hasta el patio de la escuela
municipal.
Alomar anunció a los propietarios que el próximo martes una
furgoneta trasladará los ochocientos expedientes que están en la
Conselleria hasta las dependencias del Consistorio para estudiar
allí, una por una y con los afectados, las particularidades de cada
caso. Además, se prolongará el plazo para recurrir el archivo de
expedientes de uno a tres meses.
El conseller explicó que es consciente de que el decreto 8/98 de
23 de enero de Viviendas Vacacionales deja fuera a muchos
propietarios al exigir algunos trámites que resultan difíciles de
cumplir. Por eso, los técnicos de la Conselleria se desplazarán
hasta la localidad para estudiar las particularidades de cada
caso.
Las propiedades más antiguas, algunas del siglo XVIII, se ven
por ejemplo imposibilitadas para presentar los planos de sus
construcciones, un requisito imprescindible según la normativa.
Otras viviendas de esta misma época son viviendas adosadas en
alguna de sus partes por lo que la ley también descarta su
explotación.
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