Esta sentencia ratifica el anterior fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Balears (TSJB) de hace dos años y al que habían
presentado recursos tanto el club náutico como la Comunitat
Autònoma.
La historia de este litigio empezó hace cuatro años, cuando en
junio de 1996 el GOB impugnó el proyecto y pidió la suspensión
cautelar de las obras, que fue aceptada por el TSJB. La Comunitat
Autònoma y el club promotor de la ampliación del puerto presentaron
sendos recursos a este veredicto que fueron desestimados por el
Tribunal Supremo el pasado 31 de enero.
El GOB denunció hace un año que el Govern no siguió «el
procedimiento legal establecido» porque no hizo un estudio de
impacto ambiental y el tribunal «consideró que este no es un simple
trámite formal sino un aspecto básico reconocido por la ley y una
garantía constitucional de primer orden».
Fuentes del club náutico de la Colònia de Sant Pere ha declarado
que el estudio de impacto ambiental ya ha sido elaborado y ha sido
remitido a la Conselleria de Medi Ambient para que lo revise y
estudie.
El nuevo puerto deportivo supone la construcción de 300 nuevos
amarres y esto, según el GOB, «supone un cambio radical en la
fisonomía de la Colònia». Además, significa «un grave impacto
paisajístico y la transformación de un paraje litoral de gran
calidad y supone la pérdida de tranquilidad y del encanto del
municipio».
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