El equipo de gobierno del Ajuntament de Manacor desestimó ayer las
alegaciones presentadas por el grupo municipal de Unió de
Convergències y la Asociación del Metal sobre las ordenanzas
fiscales reguladores de los impuestos, tasas y precios públicos
municipales.
Antoni Frau, portavoz de la Unió de Convergències, ha criticado
la prestación de servicios y actividades en la piscina municipal,
calificando los precios de «elevados, que rozan lo abusivo», por lo
que su grupo cree que «no debería sufrir aumento alguno».
El grupo municipal popular también criticó de forma global la
regulación de los impuestos y tasas, presentando un voto particular
defendido por la portavoz del PP, Catalina Sureda.
Ni el voto particular del PP ni las alegaciones de UC fueron
estimadas. El delegado de Hacienda, Antoni Sansó (PSM), justificó
el aumento de la presión fiscal: «En su día ya explicamos cuáles
son nuestros criterios, queremos que todos paguen por igual».
Unió de Convergències, PP y la Asociación del Metal coincidieron
en apuntar que «la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos,
por lo que respeta a las industrias del metal, no recoge todos los
epígrafes correspondientes al sector, ya que tan sólo se recoge la
agrupación 31, por lo que, de no corregirse dicho error se
producirían verdaderos agravios comparativos».
Otras de las nueve alegaciones presentadas por UC alude a
aplicar un baremo «por calles» para el IAE y crear bonificaciones
del 95% de la cuota del impuesto con el fin de fomentar y proteger
las empresas familiares.
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