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El concejal socialista reconoció que la parcelación de Son Font no recibió una declaración de interés social, pero matizó que cada una de las autorizaciones otorgadas en 1987 por la Comissió Provincial d'Urbanisme (CPU) siguió un proceso administrativo idéntico al que sigue un proyecto que solicitaba la utilidad pública.

Suárez admitió que la moción aprobada el pasado miércoles por el Ajuntament calvianer solicitando al Consell el inicio del «estudio de procedimiento de solicitud de la tramitación de caducidad del interés social del espacio de Son Font» tal vez presentara una redacción inadecuada y que debería haber solicitado la «caducidad de las autorizaciones» para construir en la parcelación. No obstante, el primer teniente de alcalde señaló que se acudió a la figura del «interés social» por recomendación de los técnicos porque el proceso que deberá seguir es «idéntico».

Sobre la legalidad de Son Font, Suárez recordó las palabras del director general d'Ordenació del Territori del Govern, Manuel Cabellos, quien afirmaba anteayer que pese a no existir una declaración de interés social «todas las construcciones existentes son legales». Las primeras construcciones surgieron en los años 70 como viviendas para «la explotación de huertos familiares en régimen de agricultura a tiempo parcial».