Los dueños de las fincas afectadas por el fuego estiman que el
Govern de les Illes Balears, independientemente del color del
partido político gobernante y de las posibles «situaciones
heredadas», es el responsable directo del funcionamiento deficiente
del servicio de prevención y extinción de incendios.
En consecuencia, los propietarios desean que se aplique la ley
que regula la responsabilidad de las Administraciones Públicas por
«funcionamiento anormal de un servicio público», y que por ello la
Justicia decida las indemnizaciones en favor de los perjudicados, a
abonar por la Comunitat Autònoma. A tal efecto, los querellantes
han encargado al despacho del abogado Rafael Perera el ejercicio de
las acciones judiciales correspondientes.
Los dueños de la zona boscosa y de garriga asolada por el mayor
incendio forestal del año que han decidido emprender esta
iniciativa insisten en que la propia consellera de Medi Ambient,
Margalida Rosselló, reconoció públicamente que hubo graves fallos
tanto en la prevención como en la extinción del tremendo incendio.
Asimismo, piensan que la Administración, al margen de quien sea que
detente el poder ejecutivo en un momento determinado, es la
responsable directa ante los ciudadanos afectados por este
siniestro.
Los afectados estiman que el anuncio realizado esta misma semana
por la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, sobre la
inminente siembra aérea para reforestar los montes quemados y el
aumento de presupuesto para la prevención de incendios en los
próximos años es un «reconocimiento explícito» de la
responsabilidad de la Administración y de la caótica situación del
referido servicio dependiente de Medi Ambient.
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