Jordi Galmés ya tiene su carta de dimisión redactada y aseguró
que no tiene intención de recurrir la sentencia del Tribunal
Supremo que ratifica la de la Audiencia de Palma y le condena a 6
meses de inhabilitación y multa de 100.000 pesetas por un delito de
escuchas ilegales al haber colocado un micrófono en el despacho del
alcalde del Ajuntament de ses Salines. El recurso se tendría que
interponer ante el Tribunal Constitucional y el ex alcalde aseguró
ayer que no presentará recurso ante esta instancia judicial.
«Acataré la sentencia, aunque no la comparto porque nuestra
intención no era espiar a nadie. Nos equivocamos y asumiremos
nuestra responsabilidad, pero lo que quiero es que termine todo
esto de una vez», explicó Galmés. El ex alcalde está pasando
momentos duros por la repercusión mediática que ha tenido la
sentencia del Tribunal Supremo sobre la instalación del micrófono y
que él considera del todo excesiva.
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