El Ajuntament de Lloseta va a debatir esta noche un punto de la
orden del día que propone al Govern la supresión total de la figura
del alodio (alou), una antigua carga feudal sobre los bienes
inmuebles, de la compilación del derecho civil balear.
El Ajuntament de Lloseta va a ser el pionero en Mallorca en
pedir que se suprima esta carga feudal después de que el Govern
haya acordado la creación de una comisión de expertos para el
estudio de una posible reforma del derecho foral balear, que se
sumaría a la ley reformadora de 1990 que «ya disparó -comenta el
catedrático de Derecho civil Miguel Massot" certeros proyectiles
contra el alodio».
La figura del alodio está contemplada en el título III del
primer libro de la compilación del derecho foral, que es el que
trata los derechos reales. El alodio es una carga económica, ahora
fijada en el 1% en caso de que no haya pacto, que deben pagar los
compradores de un inmueble que en tiempos remotos algún noble había
dado en enfiteusis a un ciudadano, es decir, con un contrato de
cesión que obligaba a pagar un canon cada vez que se efectuase una
transmisión notarial.
A pesar del descenso del poder que poseía la nobleza en
Mallorca, especialmente agudizado a principios de siglo (los condes
de Ayamans partieron arruinados de Lloseta hacia Madrid en 1921),
los derechos reales continuaron vigentes, y aún hoy son muchas las
personas que examinan los libros registrales para comprobar si
sobre los inmuebles cargados con el alodio se ha efectuado alguna
transmisión, para poder así reclamar el 1% de la cantidad por la
que se ha vendido el inmueble. Sin ir más lejos, el Ajuntament de
Lloseta se ha visto obligado recientemente a pagar 30.000 pesetas
más por una casa que le había costado tres millones y que tenía que
derribar para poder completar la reforma de la Plaça dels Quatre
Cantons. Su propietaria, Francisca Munar, le reclamó el pago del
alodio.
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