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Los residentes de las infraviviendas alojados en un sótano de la calle Joan Miró, propiedad de un policía local de Palma expedientado, consiguieron parar este jueves el segundo desahucio previsto. Tras la denuncia por impago del arrendador, los servicios sociales consiguieron esgrimir el certificado de vulnerabilidad de Reina, la inquilina que debía irse.

Otros nueve inquilinos están en el punto de mira y podrían ser desahuciados próximamente pese a que el propietario ha sido multado con dos millones de euros por parte del Govern, además de estar suspendido de empleo y sueldo durante dos años y cuatro meses.

El portavoz de los inquilinos, José Solano, señaló que «no entendemos cómo se permiten los desahucios de estas viviendas si estamos pagando. Parece que el propietario tiene impunidad».

Mientras el arrendador está presionando a los inquilinos con denuncias por impago, pese a que no cuentan con un contrato válido y pagan hasta 600 euros por cuartos insalubres, el Govern balear ha llevado a juicio la empresa del policía local. «Queremos una reubicación, un techo digno», dijo Solano, que denunció los altos precios de la vivienda en Palma.