Fachada del Ajuntament de Palma | Jaume Morey

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La Federació d'Associacions de Veïns de Palma reclama al Ajuntament de Palma un sistema más ágil para justificar las subvenciones recibidas en el periodo 2019-2021, que coincidió con la pandemia. «El procedimiento para justificar un céntimo consume una buena cantidad de recursos laborales y personales y se debería inventar una manera más ágil y práctica para resolver estos detalles», señala la entidad. Casi una veintena de asociaciones han sido requeridas por el Ajuntament de Palma para una devolución de ciertos gastos sin justificar, pero la Federació advierte en un comunicado que se trata de «subvenciones del periodo 2019-2021 gestionadas durante la pandemia, cuando no se pudieron hacer fiestas de verano, ni los foguerons, ni talleres».

La junta de gobierno aprobó hace unas semana «requerir» diferentes cantidades monetarias a varias asociaciones de vecinos de Palma, «lo que no significa que se devuelva. Las entidades podemos presentar recursos [a estos requerimientos] y no está agotada la vida administrativa. Es un requerimiento que llega de dos años después de presentar las justificaciones y de las que hemos estado pendientes que se resolvieran desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, la cantidad que se retornará no será de 60.000 euros: veremos cual será finalmente».

La Federació señala que no entiende porqué «va a junta de gobierno la apertura del reintegro cuando no se ha respondido de manera expresa a los recursos y enmiendas presentadas a las notificaciones y requerimientos desde mayo de 2023. Hay entidades que han decidido devolver por puro aburrimiento administrativo y algunas que por sentido común nos lleva a no discutir ni uno ni cinco céntimos ni 100 euros».

Cabe precisar que se trata de las subvenciones gestionadas durante la pandemia, «cuando no se pudieron celebrar las fiestas de verano, ni los Reyes Magos, ni los foguerons de Sant Antoni. También se cerraron los talleres y se redujeron los aforos. La situación excepcional y sobrevenida la conocemos de sobra y, entre otros efectos, también impidió a las asociaciones recoger fondos monetarios propios para cumplir con las aportaciones propias para los proyectos, ya que la ley no considera que el trabajo voluntario sea una aportación».

La Federació propuso a Participació Ciutadana, a finales de 2021, un ampliación del fin de plazo de los proyectos para hacer viable su ejecución, pero no se aceptó la propuesta por parte de Cort. La entidades denuncia que se reclaman parte de subvenciones por problemas «meramente formales y técnicos. Nos piden cantidades por la falta de una firma digital que la entidad no sabía cómo hacer y es algo subsanables. Nos piden el reintegro de nóminas justiciadas correctamente sin tener en cuenta la situación de pandemia». Además, no se aceptaba pequeños desvíos de partidas que «podrían ser perfectamente compensadas entre ellas, como se hace en las subvenciones del Consell de Mallorca».

La entidad denuncia que «no se ha tenido en cuenta que las asociaciones vecinales han trabajo durante la pandemia, han mantenido puestos de trabajo y en barrios vulnerables, fueron prácticamente oficinas de gestión para personas sin recursos informáticos». La Federació reclama que se tenga en cuenta el trabajo voluntario y que la ley de subvenciones, hecha para empresas, no tiene en consideración. Como muestra, cabe señalar que el Ajuntament de Palma invierte en siete casales de barrio gestionados por empresas la misma cantidad que invierte en más de 30 barrios donde son las asociaciones de vecinos las que realizan las actividades».

También lamentan que no han obtenido las mismas facilidades que las empresas «con subvenciones, ayudas y condonaciones de tasas, frente al estricto nivel de control sobre las asociaciones, a las cuales no se les perdona ni un céntimo, no ya de subvención sino de aportación propia». La Federació advierte que las exigencias administrativas «van liquidando cada vez más el tejido asociativo. La consecuencia es que pedir una subvención es una tortura, bajo criterios estrictamente administrativos, a partir de interpretaciones restrictivas que muchas veces no se ajustan a la normativa pero que son impuestas por la Administración».

Además, la Federació recuerda que «hemos pedido una reunión con Intervención justo para tratar algunos de estos aspectos y a fecha de hoy no hay ni una previsión de cuando se hará el ingreso de las subvenciones de 2024, cuando ya llevamos cuatro meses de proyecto sin subvención, con actividades, nominas, seguridad social y gastos de funcionamiento que no esperan. El Ajuntament de Palma no cumple con el abono comprometido en las bases pero nos exige exactitud a las entidades, mientras no tiene en cuenta los efectos de sus incumplimientos».

Por su parte, fuentes del Consistorio señalaron que «esta situación viene arrastrada de la legislatura anterior. La relación con la Federació d'Associacions de Veïns de Palma es fluida y constante. Estamos estudiando la fórmula para facilitar este proceso [justificar las subvenciones] y que las asociaciones no asuman tanto trabajo burocrático». Desde Cort advirtieron que «en las próximas bases, se incluirá algún apartado o una solución que facilite los trámites».