Guerra del Taxi: la batalla territorial por los clientes

S’Arenal se convirtió pronto en la pieza más codiciada por los chóferes de Ciutat y Llucmajor. El turismo está ya en pleno apogeo y a esto se suma la cercanía del aeropuerto que, curiosamente, era territorio de los taxistas de Sant Jordi, otro mundo aparte. «Para la expansión de Son Sant Joan, antiguos payeses que habían cedido sus tierras de cultivo por una licencia de taxi», ha contado Servera.

Según el estudio de Servera, «durante el régimen franquista no había problemas entre los taxistas. Una de las razones es que los de Palma no estaban muy interesados en bajar hasta s’Arenal ya que la planta hotelera en la Platja de Palma no era mucha y este trabajo lo hacían los de s’Arenal», ha contado Manolo Olmo, un veterano que vivió los años más cruentos.

Según Servera, «la rigidez policial durante el franquismo controlaba mucho la conducta de los taxistas. Para optar a una plaza, era necesario un informe de la Guardia Civil que señalara que el solicitante era ‘una persona de buena conducta moral, pública y privada, carecer de antecedentes político-sociales ni comunes, estando conceptuado por lo que a ideología se refiere, como indiferente al régimen actual’».

El conflicto entre Ciutat y s’Arenal se inició con la Transición. El Ajuntament de Palma incrementó el número de las licencias de taxi. La construcción de nuevos hoteles acrecentó el interés por trabajar en la zona. A todo esto se sumó una legislación confusa que no dejaba claros los límites. Y empezó la guerra.

El primer conflicto surgió el 6 de noviembre de 1976. El taxi número 82, propiedad de Ezequiel Ramos, fue incendiado frente a su casa, en s’Arenal, hecho que se repitió en Gomila o en la calle Aragón. Los de Llucmajor no se quedaban atrás, a la caza de los ‘enemigos’ que iban a recoger clientes. Las multas de la Policía de Palma hacia los de Llucmajor se sucedían, pero como las tramitaba su consistorio, no les llegaban. En este municipio había 90 licencias pero con la irrupción en s’Arenal de los palmesanos, sus ingresos se redujeron más de un 50 por ciento.

Hasta que el 25 de agosto de ese año, escoltados por la Policía Armada y la Guardia Civil, los taxistas de Llucmajor llevaron a cabo una manifestación pacífica donde denunciaban la ampliación del espacio de trabajo de los taxistas de Palma y las elevadas multas que sufrían.

Como si de una partida de Risk se tratara, los frentes geográficos se multiplicaban al este y al oeste de Cort. También había lío con Calvià. En agosto de 1977 los enfrentamientos con el Ponent también estaban a la orden del día. Así lo cuenta un diario de la época: «El grupo de los de Palma se encontraban apostados, aparecieron varios del otro término iniciándose un enfrentamiento con piedras que provocó, al intentar huir, que uno de los de Palma cayese por un desnivel del terreno y se rompiese una pierna». No estaban para bromas los del gremio: había rumores de taxistas secuestrados y se incendiaron coches.

El taxista herido era Miguel Perelló, de Palma, y postrado desde una cama de Son Dureta, con el pie en alto, advertía que «recuerdo que estábamos en el cruce de Illetas espiando a los taxis de Calvià cuando un grupo de estos quiso atraparnos. Nosotros echamos a correr y yo caí por el barranco».

Se celebró una cumbre de los tres alcaldes Gabriel Ramón (Llucmajor), Paulí Buchens (Palma) y Guillermo Payeras (Calvià), discutían a manteles «en un almuerzo de trabajo en el restaurante mas lujoso de Mallorca», como publicó Ultima Hora el 27 de agosto de 1977. Los alcaldes de Palma y Llucmajor pidieron «una tregua» a sus taxistas. Durante esos días hubo retenciones de chóferes y agresiones físicas.

El 26 de agosto de 1977 se dio una solución oficial a los taxistas. El alcalde de Palma, Paulí Buchens, mostró su satisfacción tras la ampliación del casco urbano de Palma hasta s’Arenal (el límite lo marcaría el torrente des Jueus). Buchens afirmó que se impondría «una vigilancia rigurosa para que los de Llucmajor no cometieran abusos de cargar o de venganzas violentas contra los taxistas palmesanos». También se delimitó el terreno en el que podían trabajar los de Calvià.

En lo que todos los taxistas de Palma, Llucmajor y Calvià coincidían era en reclamar la dimisión de Mariano Alomar, delegado de Transportes Terrestre de Balears, ya que consideraban que la confusión en torno a los problemas de los términos municipales se debían en buena parte a él. Según Alomar, la tarjeta Visado de Transportes da derechos a sus poseedores para contratar pasajeros en cualquier punto del ámbito nacional. Un resquicio que muchos aprovechaban para entrar en ‘territorio enemigo’.

En agosto de 1981 seguían las peleas y los taxistas de Palma convocaron una huelga en la que 1.000 vehículos colapsaron la primera línea, dejando toda Palma sin taxis. Esta huelga duró tres días y muchos turistas perdieron sus vuelos, mientras la policía llevaba enfermos al hospital. Allí se planteó la mancomunidad entre estos tres municipios que no se llevó a cabo: las enormes diferencias de precios entre las licencias de taxi parecía a muchos un agravio comparativo. Hoy el hacha de guerra está más que enterrada: el enemigo ahora es Uber.