Marina Garcés, de Plataforma per la Llengua, ante la mirada de los ediles de Vox. | M. À. Cañellas - miquel angel canellas

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Pedía el grupo municipal de Vox Palma que el catalán dejara de ser un requisito para acceder a la función pública local y se quedara en un mérito, excepto en los puestos de atención directa y presencial a la ciudadanía.

Pero por ahí el PP no pasa. Ésta ha sido una de las líneas rojas frente al retroceso de esta lengua cooficial. Los ‘populares’ han pedido reformular el texto de Vox con el escueto compromiso de «hacer efectivo el uso de las lenguas en el ámbito oficial y administrativo» para votar a favor su iniciativa relativa al uso del castellano y el catalán. Por lo que el catalán sigue siendo un requisito aunque su puntuación «no debe superar la de las titulaciones necesarias para el mejor desempeño del puesto de trabajo».

Las concesiones del equipo de gobierno en este sentido son claras y van por otros derroteros: «garantizaremos al ciudadano que se dirija a la administración que la respuesta será en el mismo idioma que utilicen», ha explicado la regidora Mercedes Celeste. Sin embargo, «aceptamos sin fisuras reafirmar el compromiso con el catalán y trabajar según el Estatuto de Autonomía», ha añadido en otras iniciativas sobre la lengua que llevaron los partidos de izquierdas. A ellos acusó de convertir «la lengua propia en arma política», creando «odio y confusión».

Tanto Més como el PSOE han cargado contra el ejecutivo alarmados «por la fijación de Vox», contra el catalán, palabras a las que se ha sumado Podemos. También la Plataforma per la Llengua ha intervenido momentos antes: «Seremos contundentes si hay retrocesos o ataques a nuestra lengua».