El antiguo cuartel de Son Busquets pertenece ahora al SEPES, dependiente de Fomento. | Teresa Ayuga

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Las elecciones generales del próximo domingo serán determinantes para definir el futuro del antiguo cuartel de Son Busquets y el plazo de ejecución del proyecto ya que Cort tendrá que negociar la cesión de los terrenos y sus futuros usos con el Gobierno que surja de los comicios. Así lo reconocía el regidor de Urbanisme, Oscar Fidalgo, quien destacaba que «obviamente» el acuerdo será más fácil si en Madrid termina gobernando el Partido Popular, el mismo que dirige Cort, ya que las relaciones serán más fluidas. Fidalgo, asimismo, remarcó que todavía no han encontrado ningún documento en su departamento que comprometa a desarrollar el proyecto al actual propietario del solar, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, SEPES dependiente del Ministerio de Fomento.

Cabe recordar que hace unos meses el Ministerio de Defensa traspaso el antiguo cuartel ubicado en la carretera de Valdemossa por 43 millones de euros. En aquel momento se anunció que Madrid y el Ajuntament firmarían un convenio por el cual el gobierno central urbanizaría el solar y construiría las viviendas sociales, mientras que Cort se encargaría de la normativa especifica y de redactar el Plan Especial de Reforma Interior, PERI, imprescindible para desarrollar el proyecto.

Fidalgo reconoció que, actualmente, ambas administraciones están manteniendo conversaciones «de carácter técnico» y destacó que la intención del nuevo equipo de gobierno es «desarrollar el proyecto cuanto antes». Asimismo subrayó que quieren que todas las viviendas previstas sean «de titularidad pública» bien de Protección Oficial, VPOs, bien de alquiler con precio tasado.

En este sentido fuentes de Cort recordaron que el alcalde, Jaime Martínez ya anunció que si no se llegaba a un acuerdo se planteaba expropiar los terrenos e, igualmente, apuntaron que estudian la posibilidad de rescatar un antiguo PERI, ya redactado para la zona, ya que uno nuevo puede retrasar la actuación entre un año y medio y dos. Para ello, apuntan, se baraja modificar el actual Plan General de Palma que es la normativa que obliga a tener esa normativa específica.