El Plan General de Palma tiene que volver a tramitarse, según los juristas de Cort

Los expertos, en este sentido, consideran que, al haberse modificado articulados completos que no se ajustaban a la legalidad, el contenido ya no es el que se aprobó inicialmente y abogan por volver a presentarlo al pleno, y volver a abrir un periodo de alegaciones, para que pueda ser refrendado definitivamente. Todo este proceso puede durar meses y pone en peligro la intención de la regidora de Urbanisme, Neus Truyol, de aprobarlo antes de que acabe la legislatura.

Cabe recordar que tras el periodo de exposición pública el texto ha recibido numerosas alegaciones, más de 900 entidades presentaron recomendaciones de mejora, y algunas de ellas han sido bastante contundentes. La Direcció General de Recursos Hídrics del Govern, por ejemplo, se negó a emitir el informe favorable obligatorio argumentando que no incorporaba datos y documentación básica y el departamento de Carreteras del Consell, cuyo visto bueno también es preceptivo, informó desfavorablemente por, entre otras cuestiones, invadir sus competencias. También fueron contundentes las alegaciones que presentó la Direcció General d’Habitatge, que cuestionó la viabilidad económica sobre las que se sustenta el PGOU, y las del Colegio de Arquitectos, que desmontó igualmente el estudio económico y las cifras, además de apuntar que vulnera «los principios de igualdad y homogeneidad».   

La situación está generando tensión dentro del propio departamento de Urbanisme, que lleva varias semanas estudiando fórmulas para evitar tener que retroceder la tramitación del texto. El servicio de prensa del área dice, textualmente, que «ni confirmamos ni desmentimos que el plan tenga que volver a ser tramitado» pero lo cierto, apuntan otras fuentes, «es que si no tuvieran dudas lo negarían, teniendo en cuenta su relevancia». Las mismas fuentes, además, dicen que ningún funcionario se «atreverá» a ratificarlo ya que, argumentan, «saben que estarían firmando algo que no se ajusta a la legalidad». Cabe la posibilidad de que el Pacte tome una decisión política y que el Plan sea avalado por un alto cargo, la propia regidora o el gerente del área, pero «se arriesgan a ser denunciados», aseguran.