Imagen de archivo de la junta de gobierno.

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El equipo de gobierno del Ajuntament de Palma ha manifestado su apoyo a la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, después de que el juez de Instrucción número 12 haya abierto de juicio en su contra por un delito de vertidos al mar y de que la Fiscalía pida que sea condenada a 4 años de cárcel. Después de que Truyol haya recogido este lunes la notificación de acusación, el equipo de gobierno ha manifestado en un comunicado que no comparte la decisión de la Fiscalía sobre los vertidos de Emaya, según la cual se aprecian indicios de delito contra el medio ambiente por parte de la concejala por los vertidos fecales en la bahía de Palma.

El gobierno local defiende en la nota que «se han hecho más actuaciones que nunca para solucionar este problema» y que afrontan el proceso «con tranquilidad y confianza». El juez también abre juicio, como responsables civiles, contra Emaya y el Consistorio. Tras la acusación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y la apertura de juicio oral contra Truyol y la exgerente de Emaya Inmaculada Mayol, el gobierno del alcalde José Hila ha recordado en un comunicado el listado «largo e incuestionable» de medidas adoptadas para revertir los vertidos al mar. Según Cort, durante el pasado mandato, cuando Truyol estaba al frente de Emaya, se limpio el colector de aguas pluviales de Playa de Palma, algo que no se había hecho en 20 años; se recuperó el canon de saneamiento, y se pusieron en marcha los proyectos del tanque de laminación y el colector interceptor que son «clave para revertir la situación» y permitirán reducir en un 90 % los vertidos y cierres de las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí.

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Además se compraron los solares para ubicar la nueva depuradora. En esta legislatura se están ejecutando las obras del tanque y el colector, se ha firmado un convenio de financiación para la construcción de la nueva depuradora y «se ha aceptado el emisario largo para proteger la posidonia». «Somos el equipo de gobierno que más ha hecho para revertir la situación», ha dicho Neus Truyol, que ha añadido que «en las últimas décadas no se hicieron las inversiones necesarias para arreglar unas estructuras de saneamiento deficitarias» y que hasta en el pasado mandato «no se habían cerrado las playas para proteger la salud pública» en caso de vertido. Según Truyol «es sorprendente que se materialice la acusación a pesar de las pruebas y documentos que se han aportado a la causa, que demuestran de forma contundente que se trabajó para solucionar el tema de los vertidos y cómo confirman los proyectos que se ejecutan hoy en día».

Sobre la apertura de juicio por comisión por omisión de un delito de vertidos al mar, la concejala ha criticado que «se haya encausado el equipo de gobierno que más proyectos, inversiones e información pública ha realizado durante los 7 últimos años». Truyol afirma que «la investigación se inició por razones que no tienen que ver con el medio ambiente. La denuncia la hizo una persona vinculada a la derecha que discrepaba del decreto de posidonia», ha añadido la concejala. Ha insistido en que «se ha actuado con transparencia y se ha explicado a la población la problemática y las soluciones con las que se están trabajando» y en que «reducir los vertidos e informar de ellos no es ningún delito». Truyol ha criticado que «la investigación »se enmarque en años muy concretos«, sin cuestionar a otros equipos de gobierno, pese a que los vertidos se producen desde hace décadas.

Cort insiste en que, aunque Emaya no tiene competencias para construir un nuevo emisario y una nueva depuradora, su presidencia hizo gestiones para revertir la situación de los vertidos, debida a la obsolescencia de una depuradora de los años 70 y una red de alcantarillado que no separa aguas fecales y pluviales. Según Cort, la empresa municipal »cumplía y cumple con toda la normativa sectorial protectora del medio ambiente«. Cuestionan que no se investigue «a quien menos hizo para paliar el problema» porque los episodios de vertidos al mar »no empezaron a producirse en 2015, venían de antes« y «los anteriores gestores no hicieron nada por cambiarlo, al contrario, se escondía» y cuando había vertidos, »no se cerraban las playas, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía«. Afirman que «los responsables políticos conocían la necesidad porque los técnicos se lo comunicaron en varias ocasiones».