Rotonda. La estación de suministro iba a estar ubicada en una parcela junto a la rotonda de Can Blau, que, más tarde, resultó estar afectada por ser una zona de salida de aguas. | Jaume Morey

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Una empresa de combustibles reclama al Ajuntament de Palma 262.981,42 euros por impedirle abrir una gasolinera en la calle Manacor 177 de Palma, frente a la rotonda de Can Blau. La compañía, APS y Palma GmbH & CoKG, ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Sostiene que, antes de firmar el contrato de alquiler de la finca, recibió un certificado favorable para implantar esta estación de suministro de combustible sin que se les pusiera ninguna pega.

Sin embargo, se les denegó más tarde la licencia. Así, consideran que han sufrido un perjuicio por el mal funcionamiento de la Administración que, primero les dijo que sí podían abrir para, más tarde impedir su instalación. Reclaman por todos los gastos que tuvieron que abonar para poner en marcha el proyecto.

En 2019, la empresa comenzó a sopesar el proyecto e inició las negociaciones para alquilar el terreno. Antes, pidió un certificado al Ajuntament. La respuesta municipal dejaba poco espacio a dudas: «Se puede implantar una estación de suministro de combustible en la parcela, situada dentro de una zona de uso industrial y además no existe ninguna razón de imperiosa de interés general suficientemente motivada para denegar su implantación». En base a esa notificación, la empresa continuó con los trámites para abrir una gasolinera de marca blanca, con precios más competitivos y, en junio de 2020 firmó el contrato de alquiler de los terrenos y comenzó a desarrollar el proyecto.

Sin embargo, al solicitar el estudio de detalle del proyecto, el informe esta vez fue negativo en base a que el terreno estaba en una zona de flujo preferente de aguas y, por tanto, afectada por el dominio público hidráulico. Esta decisión, de julio de 2021, impedía que se llevara a cabo la gasolinera.
Mal funcionamiento Así, la empresa ha comenzado los trámites para reclamar el dinero que ha invertido. Considera que esos gastos son consecuencia del mal funcionamiento municipal y que su actuación se guió por la confianza que trasmitió el primer informe favorable, que no ponía ningún tipo de pega. Por tanto, considera que es Cort quien debe cargar con esos perjuicios económicos.
El Ajuntament ha abierto ya un expediente para analizar lo ocurrido y deberá decidir si acepta o no la reclamación de esa cantidad. Si no lo hace, la empresa tendrá abierta la vía judicial y podrá plantear un recurso contencioso contra la denegación.