Cort abrió un expediente a la empresa repartidora de multas. | Pere Bota

TW
3

La Regiduria de Mobilitat Sostenible mejorará «la eficiencia del servicio de multas con el refuerzo del personal y el servicio informático». Así lo confirmó el concejal Francesc Dalmau durante la Comissió de Drets de la Ciutadania, en la que se debatió la actuación en las notificaciones de multas, que están sufriendo retrasos por la negligencia de la empresa repartidora.

La defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, señaló que «el Ajuntament debe ponerse manos a la obra para recuperar la confianza de la ciudadanía porque en las notificaciones de multas está perdida», después de que cinco personas fueran implicadas en el fraude del reparto de multas que no llegaban a sus destinatarios, por lo que los sancionados no podían acceder al descuento por el pronto pago. «Queremos evitar la vulneración de los derechos de la ciudadanía aunque el Ajuntament debe seguir cobrando las multas», destacó Moilanen, que advirtió que una cuarta parte de las reclamaciones que le llegan a su oficina se centran en quejas por las notificaciones de las multas de tráfico, aunque también las hay del área de Urbanisme.

Moilanen puso de ejemplo el problema de un afectado por el caso de las notificaciones: «La firma es falsa y el notificador está incluido en la causa penal». En otro de los casos «se considera al infractor ausente pero la localización introducida por el notificador no existe». Moilanen criticó que la imposibilidad de poder pagar a tiempo la multa hace que la cuantía ascienda de 50 a 300 euros. «No podemos obviar que los ciudadanos se encuentran en una situación de indefensión», dijo. Y advirtió que en el caso de las sanciones en materia de disciplina urbanística la cuantía es muchísimo más alta. «Las multas pueden llegar a los 300.000 euros y si se paga pronto, la sanción se reduce a solo un 10 por ciento», algo imposible si el infractor no recibe la notificación.

Nulidad o suspensión

Desde el PP criticaron que «estamos hablando de un procedimiento administrativo que es nulo cuando se produce indefensión de la ciudadanía. Cuando la Administración cobra de manera indebida, o se declara la nulidad absoluta del procedimiento o se procede a la suspensión». El pasado marzo el Consistorio de Palma abrió un expediente a una de las dos empresas encargadas de repartir las multas y notificaciones oficiales del Ajuntament y se planteó rescindir el contrato tras la detención, el pasado 21 de febrero, de cuatro notificadores de dicha empresa por falsificar los acuso de recibo de las sanciones.