Ante la dificultad en la mayor parte de los casos para cuantificar la cantidad exacta de líquido que se ha robado a la red pública, se opta por aplicar un baremo y reclamar esta cantidad. Se trata de pequeñas defraudaciones para dar servicio a viviendas en situación precaria. Los casos denunciados ante los juzgados de Instrucción de Palma parten de revisiones de la propia empresa en los que se detectan los enganches privados y son desmantelados.
Además de quitar la tubería ilegal, los trabajadores avisan a la policía para que identifique a los moradores de las viviendas y los lleva a juicio. El principal problema, en muchas ocasiones, está precisamente en acreditar quién es el ocupante de ese piso y quién ha realizado el enganche ilegal. Es habitual que se trate de viviendas que han sido okupadas o cuyos inquilinos han cambiado sin que exista constancia de quién estaba realmente en el domicilio. De hecho, las absoluciones que se han producido y las condenas que han sido revocadas por la Audiencia se deben a dudas en torno a la identidad de los moradores de las viviendas. La identificación de los acusados depende en casi todos los casos de la intervención de la Policía Local o de la Policía Nacional.
Otra tónica habitual en estos casos es que los acusados ni siquiera comparezcan el día del juicio en el juzgado de Instrucción y sean condenados en ausencia. Con todo, un buen número de asuntos terminan en una conformidad. Las penas que se imponen rondan los 45 días de multa con cuotas diarias de unos cinco euros. Además se establecen indemnizaciones variables, en función de los posibles daños causados a la red de aguas.
Este tipo de juicios se producían de forma puntual en Palma cada vez que la empresa pública detectaba una conexión. Sin embargo, en los últimos meses se han intensificado la inspecciones y las denuncias por los fraudes leves. La empresa pública adopta una política similar a la que ya han tomado otras administraciones como el Ibavi que inició una oleada de denuncias contra okupas de pisos públicos para forzar su desalojo y que también desembocaban en juicios por delitos leves.
El apunte
Cobro por tres horas con el grifo abierto
12 comentarios
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Luisete Sabrosote refieres a los grandes empresarios? según endesa en 2019 el 99>% de los defraudadores son ricos y grandes empresas PASMAO!
Pinchar el agua tiene multa, y viene ka policía a identificar, ockupar una casa no pasa nada , manda coj...... la cosa
Jajajajaj, no sabe de donde sacar dinero. Hasta ahora para congraciarse con los okupas no había tomado medidas pero... el dinero es muy suculento asi que... El Consell expulsa a los okupas de los pisos de su propiedad, El Ibabi lo mismo El ayuntamiento les corta el agua Y la luz no puede porque no es una empresa municipal, así que que paguen los propietarios. La última: Hay que pasar la IEE (un invento para quien ya tiene la ITE de edificios) y llega el aviso del ayuntamiento este mes... amenazando de que hay que presentarlo antes de que acabe el año con amenaza de sanción entre 1.000-3.000 €. LAS ARCAS ESTAN VACIAS Y NECESITAN DINERO YA
Que miedo......y la que desperdician ustedes a quien hay que reclamar y denunciar por fLta de manteni.iento .o solo valen los puestos de cargo .
Alguien podria hacer un tutorial... Estoy interesado y no sabia que se podia hacer
Es decir van a pedir dinero a alguien insolvente o imposible de identificar/localizar. Trabajo perdido. Cobrarán 1 de 1 000.
Lo que hay que cortarles también las paguitas, ayudas que les pagamos todos por tocarse los wiwis a los de siempre, que son los que defraudan con la luz, agua.
Siempre los mismos!! Y, nuestros gobernantes, no piensan ponerle remedio?
Siempre son los mismos, siempre es el mismo perfil de gente. Es gente que no aporta nada. Es una carga.
No pagará ninguno. Ya lo pagaremos los que trabajamos y cotizamos.