Truyol, en los juzgados de Vía Alemania, junto a su abogado, Antoni Monserrat. | Pere Bota

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La Fiscalía de Medio Ambiente pretende llevar a juicio a la antigua presidenta de Emaya y ahora concejala de Urbanismo de Cort, Neus Truyol, por los vertidos de aguas fecales a la bahía de Palma. En un escrito dirigido al juzgado, el ministerio público se opone al archivo de las diligencias penales que pedían las defensas y plantea a la magistrada que abra el trámite para poder formular escrito de acusación y enjuiciar los hechos. Además de a Truyol, incluye en su petición a la exgerente de la empresa pública, Inmaculada Mayol y a varios técnicos.

La causa está ahora a la espera de que la jueza de instrucción decida entre la petición de archivo y la de la acusación pública. Para la fiscal delegada de Medio Ambiente existen indicios suficientes de la comisión de un delito ambiental. La falta de depuración de las aguas que vierte Emaya coincide con un tipo del Código Penal que implica penas de tres años de prisión en el supuesto más grave: en el que se haya producido riesgo para la salud de las personas. Si finalmente la acusación pública considera no demostrado ese daño, la pena se queda en una horquilla de seis meses a dos años de cárcel e inhabilitación para los responsables de los vertidos.

El escrito de la Fiscalía exculpa de cualquier responsabilidad a uno de los técnicos de la empresa pública que permanecían imputados y el juzgado ya ha acordado respecto a él el sobreseimiento de las actuaciones.

La investigación arrancó hace dos años a raíz de la denuncia de un particular y, tras una investigación bajo secreto, la juez citó a Truyol y a Mayol en febrero del año pasado como investigadas. La acusación sostiene que la empresa tenía la obligación y la capacidad para evitar los vertidos de aguas fecales a la bahía que se producen cada vez que llueve y la depuradora de Palma no puede asumir a la vez toda la carga que le entra. Uno de los aspectos que discuten acusación y defensa es el destino de los fondos del canon de saneamiento y si éstos se tenían que emplear para mejorar la red de saneamiento de Palma de forma obligada.

Todos los investigados han negado la comisión de cualquier delito y achacan los vertidos a que la depuradora de Palma está obsoleta desde hace décadas, una situación que no fue abordada por otros equipos de gobierno municipales. Justifican que, durante su mandato sí se avisaba de los vertidos que se producían y se cerraban las playas al baño durante los mismos.

A la espera de una decisión de la jueza instructora

La causa está pendiente de la decisión que adopte la juez instructora que tiene sobre la mesa una petición de las defensas para archivar la causa. En ese trámite es dónde la Fiscalía ha planteado justo lo contrario, continuar los trámites para llevar el asunto a juicio. Las defensas coinciden en que todos los investigados actuaron durante su mandato para minimizar el impacto de los vertidos y que invirtieron en torno a 56 millones de euros en mejoras del saneamiento.