El precio del alquiler se ha disparado un 53 por ciento en Palma durante los últimos años. | Jaume Morey

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La Oficina Antidesahucios de Palma ha registrado un incremento del 130 por ciento de expedientes abiertos por impago del alquiler durante el primer semestre, al pasar de los 244 de 2019 a los 561 registrados este año. Los expedientes de alquiler contrastan con los expedientes hipotecarios registrados en el primer semestre, que fueron 62, o las ocupaciones ilegales (49).

Este repunte de los expedientes se concentra en los peores meses de la crisis del coronavirus. Si en abril y en mayo del año pasado se tramitaban una media de 63,5 expedientes por alquiler al mes, en el mismo periodo de este año se llegan a los 150 mensuales, lo que supone un alza del 136 por ciento.

Recibos

Las partidas de ayudas económicas de la Oficina de Antidesahucios también se han incrementado en Palma a medida que avanzaba la pandemia. Así, en marzo se destinaron 11.694 euros a ayudas, de las que 5.683 fueron para recibos pendientes del alquiler. En abril la cifra total ascendió a 35.802,29 euros, de los que 32.847,21 fueron para deudas de alquiler. En mayo la cifra destinada a ayudas fue de 60.141,59 euros, de los cuales 55.493,10 fueron para alquileres pendientes. En junio la cifra bajó a 13.720,47 euros, 11.696,50 destinados al alquiler.

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, señala que «muchas familias se han visto con dificultades para asumir el gasto de alquiler desde los inicios del estado de alarma. La emergencia social es una realidad y necesitamos medidas contundentes».

Según Truyol, pese al esfuerzo de «personal y recursos económicos del Ajuntament, la Oficina Antidesahucios y Benestar Social, necesitamos más viviendas y más ayudas económicas. La pérdida de la vivienda es el pasaporte directo hacia la exclusión social».

La regidora advierte que el Ajuntament está trabajando en varias lineas para compensar la falta de vivienda, «con la cesión de solares municipales al IBAVI para construcción social, la puesta en marcha de alojamientos dotacionales, cesión de viviendas vacías de grandes tenedores o actuaciones urbanísticas en Son Busquets, Camp Redó o La Soledad para recuperar viviendas o alojamientos, además de las viviendas que se plantean en el nuevo Plan General».