Imagen de archivo de terrazas en Palma. | T. Ayuga

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La patronal CAEB y los sindicatos CCOO y UGT han pedido de común acuerdo al Ajuntament de Palma que amplíe la moratoria de la nueva normativa que afecta a las terrazas, hasta que no se resuelvan cuestiones de seguridad, salud, bienestar de los vecinos, empleo y actividad económica.

Advierten de que la medida «afecta negativamente y de forma directa a la seguridad y la salud de los trabajadores, a la seguridad ciudadana y al bienestar de los vecinos de Palma, así como al empleo y a la actividad económica y a un modelo de ciudad dinámica y atractiva tanto para los ciudadanos que la habitan, como para los turistas», han manifestado en un comunicado conjunto.

La petición la han formulado al alcalde de Palma, José Hila, en la reunión que han mantenido este miércoles en Cort la presidenta de CAEB, Carmen Planas; el secretario general de CCOO de Baleares, José Luís García; la secretaria de Acción Sindical y Comunicación de UGT, Ana Landero, el presidente de Restauración CAEB Mallorca, Alfonso Robledo, y la secretaria de la Federación de Comercio, Hotelería y Turismo de CCOO, Ángeles Sánchez.

Patronal y sindicatos han pedido al alcalde que se amplíe la fecha del 5 de marzo, fijada para la adaptación del mobiliario a la nueva regulación mientras no se dé respuesta a las cuestiones planteadas.

Los representantes de CCOO y UGT han incidido especialmente «en las repercusiones negativas que la aplicación de la ordenanza va a tener en el ámbito laboral», destacando «aspectos perjudiciales para el trabajador y para el empleo».

Los sindicatos han alertado de que supondrá una «evidente pérdida de puestos de trabajo» porque ordenanza «supone en la práctica una indiscutible reducción de la actividad económica en la hostelería».

Por otra parte, han argumentado que la ordenanza no respeta al trabajador de la hostelería a quien «adjudica una mayor carga de trabajo para los camareros». Entienden que la obligación que incluye la ordenanza de retirar las terrazas cada día que «supone un riesgo para la salud de los trabajadores al obligarles a desplazar cada jornada un mobiliario, en ocasiones muy pesado, tanto antes de abrir como después de cada cierre».

Han añadido que sustituir los toldos actuales por sombrillas implica el uso de «pies de sombrilla que pueden sobrepasar los 40 kilos, lo que evidentemente comporta un perjuicio a la seguridad y la salud laboral de los trabajadores que deben desplazarlos».

Los representantes sindicales han defendido que «las terrazas son generadoras de empleo» y, sin oponerse a su regulación, entienden que ésta «debe hacerse de la mejor manera posible, sin que se vean perjudicados ni el empleo, ni la carga de trabajo que soportan los camareros, ni la seguridad y la salud laboral de los trabajadores”.

Piden que por la idiosincrasia de la ciudad, la cuestión de las terrazas se resuelva por zonas y buscando el consenso entre la administración, los vecinos y los agentes sociales y económicos.

CAEB considera que «la ordenanza va a traducirse en una pérdida de puestos de trabajo y en una reducción de la actividad económica, lo que agravará una situación como la actual en un contexto de desaceleración generalizada de la economía y cuando el paro lleva cuatro meses consecutivos aumentando».

Alegan «la imposibilidad de cumplir la nueva ordenanza» porque muchos establecimientos carecen de espacio para recoger las terrazas y por la seguridad y la salud laboral los trabajadores, además de las molestias de ruido para los vecinos. Creen que la sustitución de toldos por sombrillas «generará un problema de seguridad ciudadana si el viento las hace volar».

Los representantes de CAEB y de Restauración también han argumentado la inseguridad jurídica que comporta para quien ha hecho inversiones importantes en terrazas y defienden «una ciudad dinámica, alegre y atractiva».