El alcalde de Palma, José Hila, observa la limpieza de una pintada vandálica. | Ajuntament de Palma

TW
1

La empresa municipal de limpieza Emaya ha eliminado en los últimos meses unas 2.600 pintadas vandálicas de edificios y mobiliario urbano de Palma, actuaciones que se enmarcan en el plan de choque anunciado por el consistorio el pasado julio y que hasta este martes ha supuesto un gasto de 61.994 euros.

Desde finales de julio, Emaya ha realizado 245 jornadas de trabajo como la de este martes, que suponen un coste de 61.994 euros en este periodo. El Ajuntament de Palma, a través la área de Infraestructuras, ha explicado en un comunicado que las 245 jornadas que se han realizado desde el pasado julio se han centrado en limpiar las pintadas en mobiliario urbano, áreas de juegos infantiles, parques municipales y en paredes de diferentes calles de la capital balear.

Emaya ha eliminado en los últimos meses las pintadas vandálicas en paredes y mobiliario urbano del Paseo del Borne, Plaza Mayor, Plaza Gomila, plaza Josep Estela, el muro de la playa de Can Pastilla, la plaza Rosa Bueno, la calle de Anselm Turmeda, el parque de ses Veles y la zona verde de Son Fuster.

Desde que se puso en marcha este plan de choque, Emaya también ha retirado las pintadas de zonas como la calle de Salvador Dalí, en el puente de Sa Riera, en la zona de Instituts, camino Jesús, la plaza Cuadrado, la calle Ricard Ankerman, plaça del Mercat, la Rambla, plaza París y calle Fábrica, entre otros puntos de la ciudad.

Esta mañana, el alcalde de Palma, José Hila, y el presidente de Emaya, Ramón Perpiñán, han presenciado frente al antiguo edificio de Gesa de Palma una de estas actuaciones de limpieza por parte de los equipos de la empresa municipal que se dedica a limpiar las pintadas vandálicas.

Hila, que ha apelado al comportamiento cívico de los palmesanos, ha recordado que realizar pintadas no autorizadas es «una infracción a la ordenanza municipal de residuos y limpieza» que supone sanciones hasta 750 euros, y que pueden ser superiores si suponen la degradación de un elemento o edificio protegido de la ciudad.