Vista de la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets, ubicado en Palma. | T. Ayuga

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Cort tardará más de un año en aprobar de forma definitiva el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Son Busquets, ya que habrá cambios sustanciales. La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, destacó que pretenden hacer «super islas que permitan la movilidad sostenible». En este punto, explicó que se trata de juntar islas de edificios y en el interior de éstas se reducirá el tráfico con medidas como sólo dejar circular a los residentes con párking o al transporte público.

Otro cambio que se aprobará es el de «mantener el máximo de edificaciones ya existentes», como reclaman ARCA o los Joves Arquitectes. Truyol destacó que el objetivo es que puedan acoger equipamientos. «No queremos que sea una copia de otros barrios».
Estos cambios, que persiguen «fomentar la movilidad sostenible y preservar el patrimonio», tardarán más de un año en aprobarse. No obstante, podría ser bastante más, ya que pueden que tengan que volver a pasar a exposición pública. Preguntada por si pueden entorpecer la subasta pública que pretende hacer Defensa, Truyol respondió que «nosotros pensamos en lo que es mejor para nuestros ciudadanos, no para el Ministerio».

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Por su parte, el portavoz d’e Urbanisme del PP en Cort, Julio Martínez, cree que «está claro que la respuesta política del Ajuntament es la de boicotear la subasta del Ministerio».
En su opinión, «Son Busquets se ha convertido en un duelo bajo el sol entre Cort y el Ministerio de Defensa, pero quien va a recibir la bala son las 831 familias que no podrán acceder a una de la viviendas públicas programadas». A su modo de ver, se trata de «una respuesta a lo Trump».

Martínez declaró que «desde el PP pedimos sentido común y altura de miras para no bloquear la recuperación de Son Busquets para la ciudad». «A estas alturas parece un episodio malo de Juego de Tronos por la conquista de un territorio, que perjudicará a los ciudadanos de Palma», recriminó.

En este punto, advirtió de que «si hay cambios sustanciales a lo aprobado inicialmente en 2012 significará tener que empezar de cero lo que retrasará aún más la construcción de las viviendas públicas».