Imagen de archivo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. | Efe

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Es un problema más o menos recurrente en todo el territorio nacional en este inicio de temporada alta: muchos empresarios de la hostelería tienen auténticos quebraderos de cabeza para encontrar personas para completar sus plantillas. En este sentido el departamento que encabeza Yolanda Díaz ve claro cuál es el camino para incentivar a los trabajadores; un «dato» como los que suele arrojar la vicepresidenta en el Congreso de los Diputados que resulta difícil de ser rebatido: con un sueldo más alto las personas viven más felices y trabajan de mejor gusto.

Hay quien dice que se debe a un cambio de mentalidad que ha traído consigo la pandemia. De cada vez más las personas trabajan para vivir y no al revés. En cierta manera es la síntesis de lo que ha querido decir el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien ha señalado que los problemas de vacantes en España, que son concretos en sectores como el hostelero y además se focalizan en algunos territorios, tienen que ver con que no se está pagando lo suficiente y no se dan las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores accedan a los puestos.

«Algunas de las vacantes que se están produciendo en territorios concretos y la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral», ha apuntado el secretario. Ante esto, Pérez Rey ha instado a las empresas a pagar adecuadamente, cumplir con los descansos y las jornadas y permitir conciliar la vida familiar y personal. «Cuando eso suceda, las vacantes se esfumarán como la espuma», ha asegurado Pérez Rey tras la primera reunión con los agentes sociales para abordar las vacantes en el mercado de trabajo español.

En la reunión, los agentes sociales han coincidido en que en «ningún caso» en España existe un problema de «gran dimisión o renuncia» comparable al que se está viviendo actualmente en Estado Unidos. «En España no se puede decir que haya una renuncia masiva de trabajadores a sus puestos de trabajo», ha remarcado Pérez Rey. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al finalizar el cuarto trimestre de 2021 había en España 109.085 vacantes sin cubrir, de las que 95.556 pertenecen al sector servicios; 7.223, a la industria; y 6.307, a la construcción.

Así, Pérez Rey ha explicado que no se está registrando en España un problema generalizado de vacantes, sino que se trata de un fenómeno localizado en algunos sectores como la hostelería, la construcción, la agricultura o el transporte y en territorios de costa o fuertemente vinculados al sector turístico. No obstante, Pérez Rey ha señalado que en sectores como la hostelería no se puede hablar de una carencia generaliza, ya que apenas tiene el 4 % de las vacantes totales. «Lo que está sucediendo en algunos territorios de España es una falta de adecuación de las condiciones de trabajo», ha explicado el secretario de Estado, quien ha señalado que existen convenios en hostelería con tablas salariales por debajo del SMI.

A estos bajos salarios se suma, según Pérez Rey, los casos en los que los trabajadores tienen que costearse el precio de la vivienda en lugares donde el alquiler puede alcanzar la media de 1.400 euros, sobre todo en zonas tensionadas o con gran afluencia turística. Tal es el caso de Mallorca y muy especialmente Ibiza. «No se trata tanto de un problema de ausencia de voluntad para trabajar, sino que las condiciones de trabajo no son lo suficientemente adecuadas y ventajosas para que los trabajadores vivan en localidades, muchas de ellas sometidas a un gran problema de tensión de vivienda y mucha afluencia turística, para que puedan trabajar en condiciones de dignidad», ha argumentado Pérez Rey.

El secretario de Estado también ha señalado que parte de las vacantes se encuentran en sectores de gran complejidad técnica, como informática, computación en la nube, inteligencia artificial, realidad virtual o ciberseguridad. En estos casos, Trabajo incide en que se deben incluir elementos de recualificación de los trabajadores para que puedan ingresar en esas vacantes. Ante esto, los agentes sociales se han emplazado a una nueva reunión dentro de dos semanas para identificar y poner encima de la mesa medidas concretas que permitan acabar con esta problemática «a corto plazo».

«En algunos casos concretos tendremos la necesidad de aumentar o establecer condiciones de trabajo lo suficientemente adecuadas para que estos problemas territoriales concretos y muy puntuales no se produzcan», ha anticipado. Más allá de campañas de inspección específicas, Pérez Rey ha asegurado que Trabajo sigue de cerca el cumplimiento de las condiciones de trabajo por parte de las empresas ligadas a los sectores vinculados a la estacionalidad. De hecho, ha recordado que este jueves la Inspección remitirá centenares de cartas para empresas que puedan tener uso irregular de fijos discontinuos o contratos temporales.

Tras la reunión, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha coincidido en el análisis de Trabajo de que en el país no hay un problema masificado de vacantes, pero ha señalado que este problema se concentra sobre todo en cuatro comunidades: Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía, que engloban en torno al 20 % de vacantes. Ante esto, y frente a los problemas detectados en sectores específicos, Hoya ha instado a hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones de los trabajadores del país, a través de los acuerdos de Negociación Colectiva e impulsando la formación para cubrir puestos de alta exigencia técnica.

En este mismo sentido, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo, Mari Cruz Vicente, ha afirmado que aunque no hay actualmente un problema coyuntural, sí se detectan determinados síntomas de que puede haber en el futuro problemas estructurales en tema de vacantes. Sobre esto, Vicente ha explicado que en sectores como la construcción hay un déficit de vacantes que está en torno a las 30.000 personas, pero ha advertido de que las previsiones a medio plazo hablan de 700.000 personas. «Ya estamos hablando de un problema estructural al que tenemos que darle soluciones anticipadas», ha subrayado.