El empresario Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde este lunes presta declaración como investigado junto a Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario al comienzo de la pandemia. | Sergio Pérez

Las acusaciones populares han solicitado al magistrado del caso de las mascarillas que retire el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño, mientras que la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida para los empresarios, quienes han declarado ya ante el magistrado. Medina ha contestado a las preguntas del juez durante media hora y Luceño durante unos 25 minutos, han precisado fuentes jurídicas, que detallan que ambos se han negado a contestar a la acusaciones. Durante sus comparecencias, todos los partidos que ejercen la acusación popular han solicitado que ambos entreguen el pasaporte y algunos que firmen cada quince días en el juzgado, detallan las fuentes. Sin embargo, la Fiscalía y el Ayuntamiento no han solicitado ninguna medida cautelar, según las fuentes, que precisan que ahora el magistrado Adolfo Carretero decidirá sobre esto y comunicará a los investigados su decisión.

Mientras tanto, Luis Medina y Alberto Luceño siguen en los pasillos del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid. Alberto Luceño y Luis Medina declaran este lunes como investigados por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, test y guantes en marzo de 2020, en los momentos más complicados de la pandemia de coronavirus. Se trata de la primera vez que declaran ante el magistrado Adolfo Carretero, que les investiga por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales (además de alzamiento de bienes en el caso de Medina), ante las sospechas de que pudieron embolsarse 6,6 millones de dólares en tres contratos por los que el Ayuntamiento pagó 11,9. Alberto Luceño ha llegado a los juzgados sobre las 09:45 horas, sin hacer declaraciones a los periodistas que se encontraban en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, mientras que Medina lo ha hecho a las 10:40 también sin hablar a los periodistas, que en ese momento ya eran varias decenas y, al tratar de obtener declaraciones, le han empujado contra una valla. Ambos habían solicitado entrar en coche pero el Decanato se lo denegó.

Una vez dentro del juzgado ambos se han saludado brevemente y luego se han sentado en bancos separados mientras esperaban a ser llamados a declarar. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que inició las pesquisas hace ya año y medio, tiempo durante el que ha investigado tres contratos suscritos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, participada íntegramente por el Ayuntamiento, y una mercantil malaya para adquirir guantes, mascarillas y test. Según la tesis de la Fiscalía, fue Luceño quien fijó e «impuso» los precios al Ayuntamiento y, en realidad, ocultó que «un elevado porcentaje» de esa cantidad iría a parar a sus cuentas a través de comisiones. Con las comisiones conseguidas habrían adquirido desde coches de alta gama -un Ferrari o un Lamborghini, por ejemplo- hasta una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) o un yate, de nombre Feria, por 325.515 euros.