El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la nueva ejecutiva del PSOE en Madrid. | Efe

11

El PSOE no cree que el Gobierno de coalición esté «en riesgo de ruptura» tras las últimas tensiones con Unidas Podemos, las más recientes la reforma laboral y la querella anunciada contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la condena del diputado de la formación morada Alberto Rodríguez.

«No hay riesgo de ruptura con Podemos», insisten a Efe fuentes socialistas, que consideran que el Gobierno de coalición está «fuerte» y con proyectos legislativos por delante.

Sin embargo, los choques entre los dos socios de Gobierno se han hechos visibles en las últimas 24 horas a cuenta de la condena del Tribunal Supremo al diputado ALberto Rodríguez y la controvertida reforma laboral.

Este último asunto llevó este viernes a Unidas Podemos a solicitar una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto al creer que se está produciendo un incumplimiento «grave».

Unidas Podemos considera que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se está entrometiendo en el proceso para reformar el mercado laboral, cuando creen que es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz.

Noticias relacionadas

No es lo que opina Pedro Sánchez, quien desde Bruselas ha dejado claro que la reforma del mercado de trabajo es estructural y afecta al menos a cinco ministerios, Trabajo, Economía, Seguridad Social, Educación y Hacienda.

Según han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo, Calviño está intentando ser quien coordine todo el proceso que debería culminar con la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, tal como contempla el acuerdo de gobierno de coalición.

El desenlace sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tampoco ha contribuido a frenar las fricciones con los socialistas tras semanas de debate centrado en la interpretación de la condena por un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de un año y 15 días de prisión, conmutable por una multa, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

Ayer la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, puso en marcha el proceso para que Rodríguez dejara su escaño, una decisión contra la que Podemos ha cargado y ha tachado de «prevaricación», en palabras incluso de la líder de Unidas Podemos, Ione Belarra que criticó una condena sin pruebas y con el objetivo de quitarle el escaño.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a la decisión: «Detrás está la reacción judicial y política más profunda. Es un asalto a la democracia», opinó ayer.