Colas del hambre en Alcúdia. | Efe

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La Privación Material Severa, es decir, no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha aumentado casi un 50% en el último año, afectando a 3,3 millones de personas en España, debido al impacto de la pandemia de la Covid-19, según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

El XI Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2020' ha sido presentado este jueves en el Senado por el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, y el responsable de Investigación de EAPN-ES y coordinador del informe, Juan Carlos Llano, en el marco de la conmemoración, el 17 de octubre, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El documento revela que la Privación Material Severa se ha incrementado en 15 de las 17 comunidades autónomas --en todas menos Castilla-La Mancha y Aragón-- y para todos los grupos y segmentos analizados.

«La Covid-19 ha destrozado en un año lo que la crisis económica anterior tardó seis años, para que veáis la dureza, la brutalidad y el aspecto repentino», ha señalado el responsable de Investigación de EAPN-ES y coordinador del informe, Juan Carlos Llano, durante la presentación del informe en la Cámara Alta.

Además, de los datos se desprende que casi 1 de cada 10 niños, niñas y adolescentes españoles sufren privación material severa. También la padecen 1 de cada 7 personas que viven en familias monoparentales; y 1 de cada 4 personas extranjeras provenientes de países que no son de la Unión Europea.

El informe indica, asimismo, que se ha incrementado el porcentaje de personas que llegan con «mucha dificultad» a fin de mes, que pasa del 7,8% al 10% de la población, es decir, 4,7 millones de personas; y la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que pasa del 25,3% hasta el 26,4% (12,4 millones de personas afectadas).

Respecto a la desigualdad, el estudio señala que la renta del 20% más rico de la población es 5,8 veces más elevada que la del 20% más pobre. En términos europeos, la desigualdad registrada por este indicador para el año 2019, último dato disponible, es la sexta más alta de la Unión Europea, solo inferior a la de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Lituania e Italia.

En este contexto, los responsables de la EAPN-ES han advertido de que España tiene «muy difícil» alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, por lo que piden realizar un esfuerzo suplementario para cumplir los objetivos.

Según han precisado, medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el incremento del salario mínimo y otras han contribuido a paliar las consecuencias de la COVID-19, pero han avisado de que sus efectos sobre la pobreza y exclusión social más severas todavía no se ven reflejados.

«Cuando hablamos del escudo social, posiblemente la actuación haya sido al grueso de la población, pero a los sectores más vulnerables les cuesta mucho trabajo que les lleguen determinado tipo de medidas», ha advertido el presidente de EAPN-ES.

Según ha precisado Susías, el escudo social «ha parado el impacto económico» y si no hubiera estado, España estaría en «una situación de catástrofe», aunque ha añadido que esto no quiere decir que haya llegado a todo el mundo. «Es verdad que hay un sector importante al que no ha llegado, posiblemente los más vulnerables», ha subrayado.

El presidente de EAPN-ES ha subrayado la importancia de poner en marcha «medidas específicas» que piensen en determinados colectivos especialmente afectados porque «el mero crecimiento no genera una reducción de la pobreza».

Carlos Susías ha indicado que España es, «en temas de pobreza, especialista en perder oportunidades», pero ha puntualizado que, en esta ocasión hay una oportunidad si se toman una serie de medidas como la protección en vivienda, la mejora del sistema de rentas mínimas o la garantía de unas pensiones dignas.