Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica, con la ciudad de Bilbao al fondo. | Luis Tejido

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El precio de la luz ha estrenado septiembre como finalizó agosto, marcando máximos históricos de manera casi diaria, mientras el Gobierno asegura que estudia «todos los escenarios» para frenar la escalada en el mercado eléctrico de los últimos meses y Unidas Podemos presiona para crear una empresa pública de energía.

Tras cerrar agosto con un precio medio de casi 106 euros el megavatio hora (MWh), convirtiéndose en el mes más caro de la historia, los primeros días de septiembre han marcado de media un precio algo superior a los 136 euros/MWh, triplicando lo que se pagó en los primeros cuatro días del mismo mes de 2020.

Sin embargo, en este contexto de precios elevados, la demanda eléctrica nacional creció en agosto un 0,9 % en comparación con el año anterior, dejando atrás el retroceso del 0,5 % registrado en julio, según los datos del operador del sistema eléctrico Red Eléctrica de España.

La escalada del precio de la luz en el mercado mayorista, que hoy se paga a 134,89 euros/MWh, encadenando dos días a la baja tras batir máximos históricos esta semana el martes, miércoles y jueves, viene provocada por los altos precios del gas en los mercado internacionales y de los derechos de emisión de CO2, así como el aumento de la demanda y las altas temperaturas.

En este sentido, el precio del gas, usado por los ciclos combinados que determinan el precio de la luz en la mayoría de horas, no ha bajado de los 50 euros/MWh en toda la semana, según los datos del Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), mientras que la tonelada de CO2 emitida supera los 60 euros de media en los primeros días de septiembre.

EL GOBIERNO ESTUDIA NUEVAS MEDIDAS

Ante esta situación, que ha causado fricciones en el seno de la coalición de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, aseguró el martes que estudiarían «todos los escenarios» para frenar la subida, además de defender que las medidas implantadas ya estaban «amortiguando el golpe».

Entre esas medidas destacan la rebaja del IVA del 21 al 10 % en la factura y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica (7 %).

En este contexto, Unidas Podemos ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para crear una empresa pública de energía que aglutine las concesiones hidroeléctricas que se vayan extinguiendo, promueva nuevas instalaciones renovables y actúe como comercializadora.

En las últimas fechas el partido morado también ha defendido la necesidad de establecer mecanismos de control para fijar los precios de las energías nuclear e hidráulica, una medida a la que la vicepresidente tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se ha opuesto frontalmente al tratarse de acciones «contrarias al derecho comunitario».

Sin embargo, Ribera, que el pasado lunes compareció en el hemiciclo para rendir cuentas sobre el precio de la luz, aseguró en una entrevista con EFE que no tenía «líneas rojas» sobre empresas como la que propone su socio de Gobierno, que creía más adecuado «buscar fórmulas que permitan una reforma de fondo estructural».

En su intervención, Ribera sí defendió el papel del Gobierno explicando que dará «batalla política» en Bruselas para conseguir rebajar la factura de electricidad, además de anunciar nuevos cambios en la tarifa regulada.

Para abordar todo este tipo de propuestas, PSOE y Unidas Podemos también han registrado esta semana la creación de una comisión de estudio para buscar soluciones.

LOS CONSUMIDORES, PRINCIPALES PERJUDICADOS

Con el aumento del precio de la luz, los pequeños consumidores son los principales perjudicados, según Facua, de un mercado eléctrico marginalista que retribuye todas las tecnologías al precio de la más cara, provocando que agosto se cerrase con la factura más cara de la historia.

Esa organización de consumidores cifra el precio medio de la factura eléctrica en 93,10 euros, lo que supone pagar casi 30 euros más en comparación con el mismo mes del año pasado.

El alza del precio de la luz afecta principalmente a los más de 10 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), aunque los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre (alrededor de 17 millones) también podrán ver sus facturas incrementadas si se mantiene la tendencia al alza en el largo plazo.

Por ello, desde Facua consideran «lamentable» que desde el Gobierno se eludan responsabilidades a la hora de llevar a cabo reformas que permitan reducir la factura y los «desproporcionados beneficios del oligopolio energético».

Solidaridad, el sindicato impulsado por Vox, ha convocado una manifestación el 18 de septiembre en contra de la subida del precio de la electricidad bajo eslóganes como «Energía española ya», al tiempo que Unidas Podemos buscará «colar» la intervención en los precios de la energía en la negociación presupuestaria.