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El Gobierno y el Partido Popular han roto las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales al constatar que sus líneas rojas son «irreconciliables».

El Ejecutivo y el PP han informado pasada la medianoche en sendos comunicados idénticos que durante todo el jueves han mantenido conversaciones telefónicas y contactos que han certificado la existencia de «escollos» que impiden llegar a un pacto.

En concreto, han explicado que han intentado cerrar un acuerdo para las renovaciones pendientes en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos.

Pero finalmente no ha sido posible pese a que sí lograron un pacto para la renovación de Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.

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Fuentes del Gobierno han manifestado a Efe que en las conversaciones se ha constatado que las líneas rojas del Gobierno y las del PP son «irreconciliables» en este momento.
Por ello consideran que si alguien modifica su actitud, tendría sentido volver a sentarse para negociar, pero por el momento no se ha fijado un plazo para ello.

Por su parte, fuentes del PP han insistido en que hay diferencias importantes que impiden lograr cualquier tipo de acuerdo.

Entre ellas explican que el PSOE ha planteado que el juez José Ricardo de Prada forme parte como vocal del CGPJ.

Ricardo de Prada, uno de los jueces del caso Gürtel, era uno de los nombres que había vetado el PP junto al de Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género, por considerarlos cercanos a Podemos.

Este juez, señala el PP, no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello.

Por tanto, consideran que se trata de un fraude de ley ya que lo que creen que se intenta es que un juez entre en el Consejo «por la puerta de atrás», por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros.

Añaden las fuentes del PP que este partido mantendrá la coherencia en las condiciones planteadas y subraya que «la pelota está en el tejado del PSOE».

El nuevo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial aboca al órgano de gobierno de los jueces a seguir en una situación de interinidad tras haber cumplido el pasado 4 de diciembre dos años en funciones.

Los vetos planteados son los que han hecho encallar finalmente el diálogo que se había retomado la pasada semana, una vez celebradas las elecciones catalanas, tras una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.

En ella, ambas partes expresaron su disposición a negociar también las renovaciones pendientes de otros órganos constitucionales, pero Casado reiteró que mantenía sus condiciones para el CGPJ, entre ellas que Unidas Podemos no participara en la negociación y que se avanzara en la despolitización de la Justicia.

Desde entonces, las conversaciones han estado encabezadas por el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

El representante de los populares aseguró al inicio de esta semana que el Gobierno había atendido su petición y que el partido de Pablo Iglesias había quedado fuera de la negociación.

Pero tanto desde la parte socialista del Ejecutivo como desde el propio PSOE se aclaró que quien negociaba en nombre del Gobierno lo hacía en representación de los dos socios que lo conforman, el PSOE y Unidas Podemos.

También desde esta fuerza política se aseguraba que no estaban relegados y afirmaban estar muy tranquilos ya que confiaban en la lealtad de los socialistas en este asunto.

Así las cosas las negociaciones prosiguieron y se daba por inminente un acuerdo antes de que el pleno del Congreso votara el jueves a los miembros del Consejo de Administración de RTVE, pero finalmente sólo se pudo pactar el nombre de los consejeros del ente público.

Este nuevo fracaso da continuidad a la falta de acuerdo del pasado mes de noviembre pese a que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a darlo por hecho y dijo que sólo faltaba hacerlo público.

El pacto estuvo también prácticamente cerrado en 2018, con Pedro Sánchez ya como presidente del Gobierno.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena era la persona elegida para sustituir a Carlos Lesmes al frente del Consejo, pero presentó su dimisión, reivindicando su independencia, después de que se filtrase un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, defendiendo su elección porque, decía, se podría controlar «por detrás» la sala segunda del alto tribunal.