Sergi Sabrià y Pere Aragonés, de ERC, el pasado miércoles. | Quique García

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La Generalitat y el Gobierno de España pusieron de manifiesto sus discrepancias en torno a la legitimidad de un eventual aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero, a pocas horas de que la mesa de partidos catalanes se reúna para tomar una decisión definitiva al respecto.

Una reunión a la que se llega sin unanimidad, ya que los posicionamientos favorables de sectores del Govern, Ciudadanos, los comunes y la CUP a estudiar un plan alternativo al 14-F chocan con las dudas del PPC y de voces de JxCat, incluido el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa. Ayer por la noche ya el PSC movió ficha y prepara una alternativa respecto a las elecciones catalanas, que pasaría por retrasar a marzo, antes de Semana Santa, los comicios, para facilitar así el consenso.

Tampoco desde el Gobierno se ve nada claro el escenario del aplazamiento, como evidenció el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. «Como jurista, no puedo sustraerme a una realidad normativa: la suspensión de unas elecciones no esta contemplada en la ley electoral», advirtió.

Desde el pasado martes, los miembros del Govern que comparecieron públicamente evitaron oficializar una propuesta de aplazamiento electoral, pero sí prepararon el terreno por si se acaba tomando esta decisión.

En una visita a la comarca de les Garrigues, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, afirmó que, según diversos informes jurídicos, sería «viable y legal» aplazar los comicios.

La Junta Electoral Central, a favor de cambiar de fecha

La Junta Electoral Central ve «viable» aplazar los comicios autonómicos como ya sucedió anteriormente en Galicia y País Vasco que invocaron razones de salud pública en sus decisiones, un argumento «coherente» por ser «fuerza mayor» para justificarlo.