El Supremo rebaja la pena a tres condenados por la trama Pretoria

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha revisado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Pretoria, una red de corrupción urbanística en municipios catalanes entre los años 2002 y 2009, por la que se sentaron en el banquillo el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Maciá Alavedra, ya fallecido.

Tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía durante el juicio, ambos aceptaron casi dos años de prisión y rechazaron, como otros cinco acusados, recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Sí lo hizo el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Muñoz, a quien el Supremo ha confirmado la condena de 5 años y 8 meses de prisión; y el exdiputado del PSC Luis Andrés Garcia Sáez, «Luigi», que ha visto su pena rebajada de 7 años a 4 años y 2 meses de prisión al haber sido absuelto de un delito de falsedad documental y haberse reducido su condena relativa al delito de cohecho.

El Supremo también rebaja ligeramente la condena al empresario Josep Singlá, que se queda en un año y cuatro meses, por delitos de tráfico de influencias continuado en concurso medial con un delito continuado de prevaricación y por cohecho; y la del considerado número dos de «Luigi», Manuel Varela, condenado a 1 año y ocho meses.
Este caso gira en torno a operaciones urbanísticas desarrolladas durante los años 2002 a 2009 en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneras y Badalona, que fueron manipuladas por los acusados para embolsarse millones de euros, bien directamente o bien a través de intermediarios o testaferros.

La Audiencia Nacional aplicó a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas, ya que transcurrieron 8 años y 8 meses desde que se produjo la operación Pretoria hasta la sentencia.

Al analizarla, el Supremo ha confirmado los pronunciamientos del tribunal, a excepción de lo relativo a las modificaciones de las penas realizadas al estimar parcialmente los recursos de García Sáez, Singlá y Valera.

En el caso de Bartomeu Muñoz, la Sala ha desestimado su recurso y ha validado la legalidad de las intervenciones telefónicas que tuvieron lugar durante la investigación y las pruebas que llevaron a la Audiencia a la «inequívoca conclusión» de que se modificaron contratos y planes urbanísticos «bajo una falsa apariencia de legalidad», con «informes complacientes, carentes de rigor y de objetividad» con el propósito del enriquecimiento de los acusados.