La ministra de Defensa calificó duramente las conversaciones privadas de los exmilitares que han saltado a la luz pública. En la imagen, durante su visita al Centro de Educación Infantil de "El Goloso" en la Base Militar del mismo nombre en Madrid. | Efe

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La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, más información sobre el chat de militares retirados del Ejército del Aire en el que hablaban de un golpe de Estado contra el Gobierno o incluso mostraban su deseo de «fusilar a 26 millones» de personas antes de decidir si abre una investigación al respecto.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha remitido un escrito a Robles en el que comunica que ha recibido la información que la ministra ha enviado este mismo jueves sobre la conversación de WhatsApp denominado 'El Chat de la XIX del Aire', que ha sido desvelada por el digital Infolibre, y en el que se incluyen mensajes contra el Ejecutivo de coalición, habla de «pronunciamientos» y de su deseo de «muerte» de los miembros del Gobierno.

En dicho escrito se alude a que en la comunicación recibida figura la información periodística publicada por el periódico digital. Por tanto, antes de valorar la procedencia o no de incoar las oportunas diligencias de investigación y, «en su caso», determinar la competencia, solicita ampliación de la información recibida, ha informado la Fiscalía en un comunicado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido poner el asunto en manos de la Fiscalía, según ha confirmado un portavoz de su Departamento, por si los hechos fueran constitutivos de delito, «cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo».

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Al parecer, en estos mensajes, que pertenecen a miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire, todos ya retirados, se vierten «manifestaciones totalmente contrarias al orden constitucional, haciendo alusiones veladas a un pronunciamiento militar», señala la Fiscalía.

En su escrito, Defensa considera que corresponde al Ministerio Fiscal investigar la «eventual relevancia penal» de la conversación privada entre militares ya retirados, «en defensa de la legalidad». Y subraya su voluntad de «salvaguardar la honorabilidad y la pública estimación de las Fuerzas Armadas y de los hombres y mujeres que las integran».

El Ministerio insiste en que los miembros de los Ejércitos y la Armada están «volcados» en el cumplimiento de las funciones que les atribuye la Constitución y «su conducta ejemplar» nada tiene que ver con manifestaciones «que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática, pluralista y basada en la libertad política e ideológica».

El Departamento dirigido por Robles insiste en que los militares en activo no deben ver perjudicada su «estimación pública» por actuaciones que les son «totalmente ajenas y que podrían merecer además un reproche penal».