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La exsenadora de En Comú Podem por Tarragona Celia Cánovas ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde se investiga la financiación de Podemos, en el que pide personarse como parte perjudicada y acusación particular al entender que la formación ha malversado fondos y ha usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir «una operación de blanqueo».

En el escrito de la exsenadora, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita así al magistrado Juan José Escalonilla que la incluya en la causa que se inició con la denuncia del que fuera coordinador del área jurídica de Podemos José Manuel Calvente. En julio presentó una denuncia contra el partido morado por presuntos delitos de malversación y administración desleal.

Cánovas, que aún es afiliada de Podemos, pide que se esclarezca «el uso y destino de los fondos del partido, a cuyo montante ha contribuido». Explica que sus donaciones desde que entrara como senadora en 2015 ascienden a 25.000 euros, y denuncia que en ningún momento ha podido conocer el destino dado por la formación a ese conjunto de donaciones --tanto suyas como de otros cargos públicos-- por lo que se considera «perjudicada por la posible malversación denunciada y que es objeto de las presentes diligencias instructoras».

Esta exsenadora, también abogada, adjunta a su escrito de personación todos los recibos girados por la formación de Pablo Iglesias a su cuenta del Banco Santander, y explica que en 2017 y 2018, el que fuera responsable económico-financiero de los 'morados' Denis Thomas Maguire contactaba con ella y con el resto de senadores para reclamarles las donaciones mensuales al partido.

Según ha explicado la propia Cánovas a Europa Press, ella pactó con el partido al principio de la legislatura donar mes a mes 1.000 euros, pero ese acuerdo duró hasta 2017, cuando la entonces secretaria de Acción Institucional y ahora vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, le comunicó que debía aumentar la cuantía para equiparar lo que cobraba a tres SMI, regla que se dio el partido en sus estatutos.

Cánovas ha explicado que los problemas en el seno del partido comenzaron para ella cuando fue crítica con determinadas decisiones de la cúpula, momento en el que le hicieron «el vacío» y vivió una situación «muy desagradable» porque ni si quiera le dejaban intervenir en los plenos del Senado. De hecho, ha llegado a señalar que se usaron «técnicas mafiosas» contra su persona.

Ante la imposición de aumentar lo que aportaba y dado que Cánovas no estaba de acuerdo con donar más, desde Podemos, según explica el escrito, dejaron de girarle recibos «para, de esta forma, intentar poner en evidencia que incumplía con el Código Ético, condición ésta que impediría que pudiese presentarse a ningún cargo interno o público».

Esta eventualidad fue sorteada por Cánovas abriendo una cuenta nueva para transferir a Podemos los 1.000 euros mensuales, y no fue hasta finales de 2018 cuando le volvieron a indicar dónde debía hacer las aportaciones. Así, en enero de ese año aportó 3.000 euros y, tras esto, dejó de hacer nuevas donaciones «debido al enfado» que tenía.

En 2019, recibió un certificado emitido por el nuevo responsable de finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, en el que señalaba que había aportado en 2018 un total de 5.000 euros, algo que a su juicio contrasta con los 3.000 euros que realmente donó al partido.

«A la vista del contenido de las presentes diligencias y del Informe del Tribunal de Cuentas, así como de la nula información y transparencia sobre el destino dado por el Partido a las donaciones, entendemos que el mencionado Certificado no ha sido debido a un error tipográfico, sino que, pudiera ser debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo, dicho sea sin perjuicio del resultado de la instrucción», resalta.

Por eso, apunta Cánovas en el escrito que se siente «engañada» tanto por la falta de información sobre el destino de sus 25.000 euros, como por el hecho de que desconoce si «han sido aplicadas a fines que nada tienen que ver ni con los intereses del partido ni con los supuestos fines sociales pregonados».

«Por triste y grave que sea decirlo, la rumorología, quizá no falta de fundamento, atribuye el gasto de las cantidades aportadas a pequeñas extracciones, y así, de este modo, disimular el extravío de grandes sumas, cuyo fin último nos es desconocido y que ha motivado la actuación judicial que está en curso y ante la cual nos personamos», argumenta.

En el escrito, la abogada solicita además que se cite a declarar a Maguire y a De Frutos, y que Podemos aporte la certificación de las donaciones hechas por los cargos públicos, diputados y senadores entre 2016 y 2019. Asimismo, solicita que el partido facilite al juzgado la cuenta bancaria donde ingresaban las donaciones y el libro contable que detalla el destino de las mismas.

Cabe recordar que este mes la Fiscalía Provincial de Madrid pidió al juez instructor que se siguiera adelante con la investigación a Podemos pero sólo en lo referido al contrato suscrito para las elecciones generales de abril de 2019 entre el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting, y al que aludía el Tribunal de Cuentas en su informe.

El Ministerio Público señalaba que de los hechos denunciados por el antiguo empleado de la formación política, el abogado José Manuel Calvente, solo se debía seguir adelante con la parte de la investigación referida al contrato con Neurona Consulting. Sobre las otras cuestiones denunciadas por Calvente, la Fiscalía reseñaba que algunas de ellas eran «rumores, sospechas o suspicacias» mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.