El país en el que no se debate

| Palma |

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El 12 de mayo de 2010 fue un día dramático para España y, sobre todo, para José Luis Rodríguez Zapatero: tras seis años reconociendo el derecho de los españoles a cobrar mejores pensiones, a ganar más salarios, Zapatero comparecía en el Congreso para aplicar unos duros recortes sociales.

El 17 de septiembre de 1992 es aún hoy recordado en Suecia: ese día, el conservador Carl Bildt y el socialdemócrata Ingvar Carlsson anunciaban las medidas que desmantelaban buena parte del estado del bienestar sueco, inviable si querían garantizar el futuro del país.

El 17 de octubre de 2003, por los pelos, el canciller alemán, Gerhard Schröder, socialdemócrata, ganaba una votación parlamentaria para reducir drásticamente la duración del subsidio de paro en el país, prácticamente indefinido hasta entonces.

Las tres fechas simbolizan el fin de los excesos del Estado del bienestar. Los protagonistas no habrían querido hacer esto, pero la realidad se imponía. Los motivos merecen ser recordados: incapacidad para pagar la factura, los efectos desincentivadores de la productividad que tienen estas políticas o el mensaje contraproducente para quienes sí trabajan.

Que nadie tenga duda alguna, el ingreso mínimo vital que ha creado el Gobierno va a acabar igual que todas las políticas anteriores, cuando hayamos sufridos los efectos que generará, fáciles de prever si conserváramos capacidad de análisis objetivo, a partir de datos.

Primero. Si bien es verdad que los tres mil millones que cuesta esta renta mínima son financiables, se suman a la larga lista de beneficios sociales que vamos añadiendo a la cuenta del Estado, sin que en paralelo haya un aumento de los ingresos fiscales. Ningún país puede ofrecer a sus ciudadanos lo que no puede financiar. Los derechos se financian con trabajo, aunque hoy en España deberán pagarse con deuda y déficit, fuera de control incluso sin la pandemia.

Segundo. La financiación de estas políticas caerá en las clases medias, los que realmente trabajan, se forman, se preparan, luchan cada día por salir adelante. Masacrar a esta gente es arruinar al motor del país. Pero ese es el rumbo que llevamos.

Tercero. El reparto de esta renta es incontrolable. ¿Cómo podemos saber qué es una unidad de convivencia, cuántos la integran, qué actividades tienen? En entornos sociales desestructurados, esperar conductas fiscales ejemplares, sin vigilancia, es un sueño.

Cuarto. Esta medida tiene un efecto llamada a la inmigración: cualquier inmigrante ya hoy tenía derecho a sanidad y educación gratuitas con empadronarse en España, desde ahora, 365 días después de legalizarse, tendrá derecho a esta renta para toda la vida que multiplica varias veces los ingresos medios que podría conseguir en su país.

Quinto. En muchos lugares de España, esta renta es suficiente para vivir. Si le sumamos cuatro chapuzas en negro, que es la norma en medio país, si añadimos la picaresca de integrantes de la unidad familiar que trabajen y no le consten a la Administración, para muchos habrá desaparecido todo incentivo para retornar al mercado de trabajo.

Sexto y fundamental. No hay incentivo alguno para que quienes se benefician de esta renta busquen empleo. El retorno de esta gente al mundo laboral debería ser una prioridad, pero aquí el legislador se muestra especialmente ingenuo, al punto de que llega a pedir al beneficiario que administre «responsablemente todos los ingresos» y aplique «la prestación económica a la cobertura de las necesidades básicas de todos los miembros de la unidad de convivencia». O sea que no podrá gastar ese dinero en copas o en juegos de azar y un inspector de la Seguridad Social lo vigilará.

Lo disparatado de España no es caer por enésima vez en políticas desincentivadoras del trabajo, en soñar ingenuamente que todo el mundo es bueno. Lo realmente inadmisible en un país es que, en pos de no parecer desagradable, en aras de ajustarse a lo políticamente correcto, todo el mundo calle. Cobardemente, escurrimos el debate, porque quien diga que esta renta es un disparate será crucificado como enemigo del pueblo. Dejar esto en manos de Vox define a España. Evidentemente, se ha perdido la capacidad del análisis objetivo, lo cual es extremadamente grave para la democracia. En este asunto en concreto, bastaría con preguntarle a Zapatero, Carlsson o Schröder por qué aplicaron recortes.

Mal vamos si las políticas sociales, que tienen tanto peso en la construcción de las narrativas políticas, quedan excluidas del debate; mal vamos si los apriorismos dominan la esfera pública. Sin análisis, el error es inevitable. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.

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Pep del pito
Hace un mes

Plasplasplasplasplasplas (aplausos y reverencia) Perfecto análisis de la aplicación y los previsibles resultados de esta nefasta política económica y social. ¿Por qué no se da esta misma renta vital mínima a cambio de un trabajo social? Eso sí que incentivaría el trabajo y tendríamos la ciudad, las carreteras, los parques y el campo en perfecto estado de revista.

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Ángel levantado
Hace un mes

Sentido común el que expone en este artículo pero que nadie se atreve a decir en público.

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