Así lo manifiesta Soler en su escrito de defensa y que ha sido remitido a la Audiencia Nacional, donde será juzgado próximamente por la actuación de los Mossos durante el denominado 'procés'. Junto con el mayor Josep Lluís Trapero y el que fuera 'número dos' de Interior César Puig, Soler se enfrenta a 11 años de prisión por un delito de rebelión.
Para empezar, el escrito hace constar que el exjefe político de los Mossos «no participó ni directa ni indirectamente en los trabajos legislativos y prelegislativos» tendentes a la aprobación de las llamadas leyes de desconexión. Tampoco trabajó en el Consejo Asesor para la Transición Nacional ni su nombre aparece en el documento Enfocats, la hoja de ruta para la independencia.
En cualquier caso, la defensa de Soler, que ejerce el abogado Pau Ferrer, recuerda que en ese documento no se contempla que la policía catalana pueda ser utilizada «como medio para alcanzar, a través de presión intimidatoria o sin concurso de la misma, la secesión pretendida».
El escrito destaca que el exjefe político de la policía autonómica llegó al Govern presidido por Carles Puigdemont en julio de 2017 y que en el tiempo que estuvo en el cargo no llevó a cabo ningún «cambio de directrices en cuanto a cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos, decisiones que siguieron siendo tomadas de forma autónoma por parte de Mossos».
En ese tiempo, apunta el documento, no hubo ninguna «conversación específica» entre Soler y miembros del Govern sobre el posicionamiento del primero en relación con el «referéndum declarado ilegal» ni sobre la actuación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra al respecto.
Es más, menciona que ocurrió todo lo contrario, ya que «siempre fue la voluntad de la Consejería de Interior (y, en concreto, la del señor Soler) la de abstraer a los Mossos, en su condición de policía judicial, de los compromisos y horizontes políticos del Govern de la Generalitat (en particular, el de la celebración del pretendido referéndum de autodeterminación), garantizando la total autonomía operativa del Cuerpo en cumplimiento de las órdenes dictadas por los jueces y tribunales».
«Ninguna de las funciones legales o reglamentariamente adscritas al director general de la Policía de la Generalitat de Cataluña le habilitan para dar instrucciones al Cuerpo de Mossos d'Esquadra que impliquen abstención o desobediencia a órdenes dictadas judicialmente y asumidas en tanto que policía judicial», explica.
De esta forma, el escrito de defensa sostiene que Soler «ni tomó ni pudo tomar parte de la definición operativa del plan de actuación del Cuerpo de Mossos de 19 de septiembre de 2017 ni de las pautas de actuación dictadas posteriormente para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
Dice que tampoco intervino en las reuniones preparatorias entre los tres cuerpos policiales del despliegue para el 1-O y ni siquiera fue convocado a las que mantuvieron los mandos de la policía autonómica con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn los días 26 y 28 de septiembre en el Palau de la Generalitat, en las cuales los comisarios dde los Mossos advirtieron a los exdirigentes catalanes de posibles disturbios el día del referéndum.
Sí asistió Soler, afirma el escrito de defensa, a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, un encuentro que califica de «institucional» y en donde su intervención estuvo «limitada a cuestiones no relacionadas directamente con el referéndum declarado ilegal», ya que únicamente manifestó que si los Mossos hubiesen sido advertidos antes de los registros del 20-S por la Guardia Civil, «se habrían podido adoptar por los mandos policiales las medidas oportunas».
En general, el escrito subraya que la «actitud y voluntad» de Soler «siempre fue la de respetar la autonomía operativa del Cuerpo de Mossos en el cumplimiento de sus funciones como policía judicial, voluntad que se expresó tanto en sus manifestaciones públicas como reservadas».
Así, hace mención a algunos tuits publicados por el exjefe de los Mossos para defender que en ningún momento se desprende de ellos su intención de desobedecer: «Claro que los Mossos cumplirán con la ley. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico no se acaba con la CE (Constitución). La CDFUE (Carta de los Derechos Fundamentales de la UE) tiene primacía». En este tuit, explica la defensa, se emite una «opinión jurídica neutra en términos de la Constitución Española y desvinculada de un pretendido derecho a la autodeterminación de Cataluña».
«Respetemos, por favor, el Derecho a discrepar de todos. Defendamos los derechos firmemente pero con civismo y entendiendo el trabajo que todo el mundo tiene que hacer», es otro tuit que menciona el escrito de defensa de Soler, quien lo publicó «en un momento en el que la actuación de los Mossos estaba siendo cuestionada por parte de sectores independentistas o soberanistas».
Por último, la defensa del exjefe político de la policía catalana destaca que éste «aceptó» su cese tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y remitió una carta a los agentes de los Mossos para informarles de ello.
Es más, asegura que dicha misiva «había sido redactada con anterioridad» a esa destitución, ya que había «consenso en el Departamento de Interior» de la Generalitat en que «se acatarían las medidas y ceses acordados».
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