La iniciativa ha partido de Unidos Podemos. Durante la defensa de la propuesta, la senadora Idoia Villanueva ha explicado que es necesaria la creación de una comisión interministerial para el retorno que cuente con los agentes sociales, con las asociaciones de expatriados y que se coordine con las comunidades autónomas. Para Villanueva, dicha comisión debe trabajar en un plan de integral de retorno que abarque temas como el reconocimiento de los descendientes nacidos en el exterior.
A su juicio, España ha sufrido una «terrible crisis migratoria» que le hizo perder un millón de compatriotas en los años más duros de la crisis. Según los datos que ha aportado, en 2009 había 1,4 millones de emigrados mientras que en 2017 la cifra ascendió a 2,4 millones. Según ha matizado, los perfiles de los emigrados son muy heterogéneos, desde familias con niños, a jóvenes preparados que producen riqueza en otros países y ha recalcado que «el exilio es un fracaso de país».
En este sentido, ha enfatizado que tras ese exilio por causas económicas, el país les «arrancó derechos y les quitó la voz», refiriéndose a las complicaciones para poder votar desde el exterior. Al respecto, ha señalado que con el cambio en el sistema de voto, se pasó de un 35 por ciento del voto de españoles residentes en el extranjero a un 5 por ciento.
El senador del grupo socialista Rafael Lemus ha agradecido a los diferentes grupos el acuerdo en sacar adelante la moción aunque ha lamentado que algunos se hayan abstenido haciendo referencia a los grupos nacionalistas, que han aducido que la moción invadía competencias.
Para Lemus, durante los últimos siete años, con el gobierno del Partido Popular, los emigrados «se han sentido ninguneados», y ha destacado que ahora, «toda esa gente espera que los políticos les aportemos soluciones para que mañana puedan retornar».
«Los últimos siete años han sido terribles, el Gobierno no ha hecho nada por ellos, propio de la derecha, mirar para otro lado por puro pragmatismo, porque si se van fuera, ya no dan problemas dentro», ha lamentado.
Por su parte, la senadora 'popular' María del Carmen Leyte ha resaltado que su grupo está «satisfecho» con el acuerdo alcanzado para sacar adelante la moción, aunque ha matizado que no está de acuerdo con el relato de la misma.
Según ha explicado, hoy se puede estar hablando de facilitar el retorno de esos emigrados gracias a las políticas del PP que consiguieron que España regresara «a la senda del crecimiento, el empleo y la confianza de los inversores».
Desde Ciudadanos han celebrado también la moción y ha incidido en la necesidad de una reforma electoral que suprima el voto rogado porque debe garantizarse el derecho al voto desde el extranjero.
Tanto desde el PdeCAT como desde el Grupo Parlamentario Vasco han decidido mantenerse en la abstención señalando que aunque el fenómeno de la emigración se debe abordar, la creación de esa comisión interministerial supondría una «vulneración competencial» para sus respectivas comunidades autónomas.
No obstante, la senadora por PdeCat Marta Pascal sí que ha calificado de «anomalía» el voto rogado, y ha resaltado que es «anacrónico y no funciona bien». «El sistema debe suprimirse, las personas que residen en el extranjero no tienen derecho a voto», ha lamentado. El voto rogado es una modalidad de sufragio en la que el votante debe rogar que le sea concedido el derecho a voto.
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Me parece perfecto, siempre y cuando todos los extranjeros que viven en España sin trabajo y viviendo de las ayudas sociales regresen a sus países de origen.